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Acogiendo el pedido del Ministerio Público, el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia desestimó a la vez dos denuncias penales: la primera –muy impresionante– fue hecha el 5 de febrero por un joven con discapacidad intelectual –según una sicóloga–, que atribuyó a la exsenadora Kattya González y a su exasesor José Luis Torales la comisión de los delitos de tráfico de influencias, cobro indebido de honorarios, estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos de contenido falso e inducción a un subordinado a cometer un hecho punible; la segunda fue presentada el 13 de febrero por cuatro dirigentes universitarios contra la misma exsenadora y su exasesora María Soledad Blanco, culpándolos de “planillerismo”. Las tremendas acusaciones sirvieron de pretextos a los cartistas y a sus aliados para privar a Kattya González de su investidura senatorial, violando el derecho a la defensa y el reglamento interno de la Cámara Alta.
La víctima del grosero atropello, que en verdad parecía obedecer al rencor político del poder fáctico, promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, que obtuvo el dictamen favorable de la fiscala adjunta Artemisa Marchuk: la arbitraria medida no fue aprobada por la mayoría absoluta de dos tercios requerida y la afectada no tuvo un plazo de siete días para defenderse por escrito. Tampoco fue convocada para hacer su descargo y rebatir las pruebas presentadas en su contra. La contundente opinión irritó a ciertos legisladores oficialistas, que tuvieron el descaro de mentar la independencia del Congreso, como si sus actos no pudieran ser controlados por ningún otro órgano, pese a lo que digan los arts. 3° y 260 de la Constitución.
Ahora resulta que un fallo anula las excusas invocadas para desembarazarse de una legisladora que al parecer molestaba mucho al presidente de la ANR, de modo que el asesor jurídico de la Presidencia del Senado, Sergio Godoy, tendrá una dificultad adicional para contestar la acción de inconstitucionalidad planteada, mientras que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tendrá aún menos dificultad para declarar la inaplicabilidad de la infame resolución impugnada, por bien fundadas razones de hecho y de Derecho.
Un juez ha resuelto de entrada que no se ha cometido el “uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”, una de las dos causas de pérdida de la investidura. En cuanto a los delitos supuestamente cometidos, llama la atención que el cartismo y sus aliados no se hayan limitado a esperar un eventual pedido de desafuero, para que la exsenadora sea sometida a proceso: resolvieron expulsarla sin más trámites, porque ya estaban hartos de sus persistentes críticas a la gestión gubernativa. Exhibieron una intolerancia a toda prueba, como la dócil “aplanadora” estronista de otrora.
Como “ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones”, los obsecuentes decidieron acallar las emitidas por una senadora “rebelde”, obedeciendo instrucciones teledirigidas y sin atenerse a normativa alguna; enlodaron sus respectivos escaños al parecer para dar el gusto a quien creen deberlo todo.
Este indignante caso refuerza la impresión de que está en marcha un proyecto autoritario, con la abierta complicidad de unos legisladores que parecen estimulados por el dinero que compra conciencias dentro y fuera de la ANR, alentando el culto a la personalidad; no es casual que el senador Orlando Penner, electo por el Partido Patria Querida, se haya afiliado a la ANR el día del cumpleaños del nuevo “único líder”, para ofrecerle la papeleta como regalo. La adulación está de nuevo en boga, opacando de paso la figura de quien ejerce formalmente el Poder Ejecutivo.
Se espera, en fin, que este negro capítulo de nuestra historia parlamentaria sea superado de acuerdo a la ley y que Kattya González retorne a su banca porque la máxima instancia judicial haya cumplido con su deber de ajustarse a Derecho, haciéndole saber a una mayoría senatorial, a la vez servil y prepotente, que no puede actuar como se le ocurra para acallar voces discrepantes.