Con los votos de los camaristas Pedro Mayor Martínez y Gustavo Santander, la Cámara revoca el punto N° 1 de la sentencia, específicamente la prohibición de la medida de fuerza declarada por los gremios.

“En el presente amparo constitucional, la a-quo no desconoce que las reivindicaciones exigidas por los funcionarios sean justas, no obstante manifiesta que están en juego derechos laborales vs. seguridad ciudadana, y falla en virtud a la seguridad interna de Estado, situación que violenta el artículo 98 de la Constitución Nacional, y en razón al principio de especialidad en la materia esta magistratura considera analizar lo dispuesto por nuestra Constitución, como rango superior y, además, este país ha ratificado los Convenios N° 87 y 98 de la OIT por lo que la sentencia que hace lugar al amparo promovido por el Estado paraguayo debe ser revocada parcialmente, puesto que no debe ser cercenado un derecho constitucional a través de esta vía”, concluye el Tribunal en mayoría.

Asimismo, Mayor Martínez y Santander afirman que no son competentes para estudiar la legalidad o no de la medida de fuerza, puesto que es una potestad del fuero ordinario pertinente (laboral).

Disidencia

El tercer integrante de la sala, Gustavo Ocampos, votó en disidencia, por considerar que el estudio de la cuestión debió ser declarado inoficioso, en atención al acuerdo extrajudicial al que llegaron las partes el 5 de noviembre pasado.

El amparo está dirigido contra el Sindicato de Funcionarios Administrativos y de Seguridad de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, el Sindicato Nacional de Seguridad Penitenciaria del Paraguay, el Sindicato de Trabajadores del Centro Educativo de Itauguá y el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios del Paraguay.