Con la excusa de la capacitación se gastó una millonada sin justificación

El Ministerio de Justicia y Trabajo presentó ayer tres denuncias acerca del manejo de fondos, que ocasionaron un perjuicio cercano a los 2.500 millones de guaraníes. El caso salpica a administraciones anteriores correspondientes a los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco.

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El abogado Nelson Mora Peralta señaló a ABC que el primer caso denunciado es por la adquisición de un software para sistemas informáticos de control interno y para gestión de recursos humanos.

El Ministerio de Justicia abonó por cada sistema la suma de G. 500 millones.

“Se pudo constatar que la Cámara de Diputados por sistemas que parecerían ser similares a los adquiridos por esta cartera de Estado abonó una suma mucho menor”, dice la denuncia.

El otro caso está relacionado con el programa de empleo temporal de “Ñambáapo Paraguay”, con el cual Justicia y Trabajo había sido beneficiado a través de una donación efectuada por la Unión Europea a nuestro país.

El programa se basaba en las capacitaciones para el trabajo de jóvenes en situación de pobreza.

La denuncia dice que este Ministerio desembolsó la suma de G. 1.329.540.00, sin que se hayan tomado las debidas precauciones.

En ese sentido, indica que existen dudas sobre la realización de las capacitaciones y que algunas de las firmas de los beneficiarios obrantes en las planillas de asistencia difieren con las cédulas de identidad presentadas por los mismos.

El tercer punto que también fue denunciado fue el contrato por los servicios profesionales de Fiorella Gustale Gil, para realización de un relevamiento de datos sobre impacto ambiental en la cárcel de Tacumbú, en donde se tenía previsto construir una cámara séptica.

Sin embargo, la Dirección de Obras de Justicia y Trabajo no registra a la mujer contratada para el efecto quien, pese a ello, supuestamente cobró desde noviembre de 2012 a junio de 2013 la suma de G. 35 millones por un trabajo que aparentemente nunca se realizó.

El abogado Mora Peralta indicó que se creó una unidad de Asuntos Internos en esa secretaría de Estado y que al encontrarse irregularidades, por expresa indicación de la ministra Sheila Abed, presentó denuncia ante la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público.

“Estos hechos básicamente son de 2011 en adelante, 2012, inicios de 2013; estamos hablando de dos años de investigación que estamos volviendo hacia atrás”, explicó Mora.

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