El caso se remonta a los meses de marzo y abril de 2013. El empresario y ganadero dueño de Copalsa y de una estancia en Santa Rosa del Aguaray, Luis Meneleo Insfrán, fue continuamente objeto de amenazas, provenientes, supuestamente del EPP, en el sentido de que les iban a secuestrar a él, a sus hijos, sus nietos y que además iban a quemar sus tractores. Inclusive le llegaron a incendiar un retiro.
Primero pagó la suma de G. 20 millones, luego le pidieron otros 20 millones, que volvió a abonar. Por tercera vez volvió a entregar la misma suma y luego hasta requirieron US$ 50.000. En total pagó G. 250 millones, según los informes.
Lo llamativo era que los extorsionadores tenían todos los datos de su familia, como dirección, teléfonos celulares, nombres de colegios a donde acudían los nietos, etcétera.
El día de la última entrega, los extorsionadores pidieron que el peón Aquino esté presente dentro del predio de la estancia “Yva Hái” de Santa Rosa del Aguaray, situada a 3.800 metros de la Ruta III, en el cruce con la Ruta XI. Allí fue capturado por los extorsionadores.
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El que encabezaba el grupo era una persona cuyas características coinciden con las del acusado Bogado. El citado trabajador Aquino fue encontrado muerto al día siguiente con tres tiros de arma de fuego en la nuca y dos en la espalda.
Con su asesinato se evidenció –según los investigadores– que él facilitaba los datos sobre su patrón y que le mataron porque supuestamente involucró a otro grupo, encabezado por el suboficial Humberto Mendoza, para también extorsionar al ganadero.
Los investigadores llegaron hasta el sargento retirado Gustavo Centurión, quien residía en Pedro Juan Caballero.
El mencionado sargento sindicó como el ideólogo de toda la trama a Bogado y dijo que él fue quien mató a Aquino porque metió a otra gente en el “negocio”.