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Delfino, en conversación con nuestro diario, afirmó que se están haciendo diligencias para esclarecer la denuncia por tráfico internacional de armas, evasión y otros hechos punibles.
El fiscal hizo esta declaración cuando se le dijo que había una sugestiva desidia del Ministerio Público en la investigación del caso.
El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, había designado a Delfino, Sandra Quiñónez y Francisco Ayala para investigar la grave denuncia. Todo bajo la coordinación del fiscal adjunto de la Unidad Antisecuestro, Alejo Vera.
“Estamos esperando informes de la Aduana y de la Corte y también impulsando otras diligencias. No es cierto que no se haga nada, se está trabajando y juntando los elementos”, dijo Delfino.
Los antecedentes del caso revelan que en febrero pasado, el entonces presidente de la Corte, Víctor Núñez, denunció ante la Fiscalía General que municiones 5.56, importadas a nombre de la Corte se comercializaban a civiles.
Núñez remitió los antecedentes del caso al Ministerio Público, luego de recibir un denuncia de Rubén González, accionista de Comtecpar (proveedora de armas y municiones para la Corte, Ejército, Defensa, Interior y Justicia y Trabajo) y en pleito judicial con su socio Carlos León, quien fue detenido por tráfico de armas en Bolivia, de acuerdo a una publicación de dicho país.
Existen fuertes indicios de que la empresa importó más armas y balas de las que la Corte le adjudicó en 2010.
LAS ADJUDICACIONES
- La Corte había adjudicado a Comtecpar la provisión de 3.000 municiones 5.56 y 15 fusiles. Sin embargo, la empresa importó 12.500 balas y 20 fusiles.
- Esto sería apenas una muestra de esquema montado para importar más material bélico de lo adjudicado por las instituciones del Estado.
- Comtecpar es la proveedora de armas y balas de la Corte, Justicia y Trabajo, Interior, Ejército y Ministerio de Defensa.
- La fiscalía tiene la obligación de revisar todas las adjudicaciones.
- La Dimabel también está en la mira, ya que es la que autorizaba las importaciones.