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En la audiencia de revisión de medidas, la fiscala Alba Delvalle se opuso a la concesión de medidas que solicitó Quesnel.
La representante del Ministerio Público argumentó que existe peligro de fuga, porque Quesnel tiene otro proceso por lesión de confianza.
En este caso de venta irregular de tierras indígenas puede haber concurso de hechos punibles de lesión de confianza y de abandono, por lo que la expectativa de prisión podría aumentar hasta a 15 años, según indicó la fiscala Delvalle.
La agente fiscal recordó que Quesnel, en una operación inconstitucional e ilegal, autorizó la venta de las tierras ancestrales de 19 familias de ayoreos asentadas en el Chaco, por una suma ínfima.
La transacción se realizó por unos G. 1.250 millones, cuando que dichas tierras tendrían un valor de por los menos US$ 5 millones, según las estimaciones del Ministerio Público.
Por su parte, Julia Beatriz Vargas Meza, compradora del inmueble del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), afrontará juicio oral y público por lesión de confianza, en calidad de cómplice. Así lo había dispuesto el 25 de febrero pasado el Tribunal de Apelación, 3ª Sala, al ratificar una resolución de la jueza Gricelda Caballero.
Asimismo, la escribana Justina Esteche deberá enfrentar juicio oral.
Antecedentes
Quesnel, Esteche y Vargas fueron acusados por la venta de una propiedad de 25.000 hectáreas ubicada en el distrito de Nueva Asunción, hoy Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón, Chaco, asiento de 19 familias de la parcialidad de los ayoreos.
La operación fue autorizada por Quesnel en octubre de 2012 y el monto abonado fue de G. 1.250 millones.
El otro caso de lesión de confianza
Quesnel también está procesado por la desaparición de G. 3.100 millones del Indi.
El juez penal de garantías Óscar Delgado López fijó para los días 22, 23 y 24 de abril, a partir de las 08:30, la audiencia preliminar para los acusados por el desvío de los G. 3.100 millones, que debían destinarse para beneficio de dos comunidades indígenas del Chaco.
Quesnel podrá solicitar acogerse a la revocatoria de la prisión preventiva por compurgamiento de la pena mínima de 6 meses, a partir del 26 de marzo, ya que desde setiembre de 2013 soporta prisión preventiva en Tacumbú por orden del juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, según los antecedentes.