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Las fiscalas Alba Delvalle y Claudia Criscioni tienen tiempo hasta mañana para apelar ante la Cámara la concesión del arresto domiciliario.
Se da por hecho la apelación de las medidas porque en la audiencia de revisión las representantes del Ministerio público se habían opuesto a la concesión de las mismas.
El tribunal de sentencia, en tiempo récord había concedido las medidas sustitutivas a Andraschko y a Lezcano, luego de ser remitidos al Buen Pastor y a Tacumbú, respectivamente, el día en que fueron condenados, el pasado 9 de diciembre.
Al día siguiente, Lezcano ya solicitó la revisión que le fue rechazada por defectos formales según había argumentado el tribunal de sentencia integrado con Manuel Aguirre, Eva de Witte y Fabián Escobar.
Sin embargo, el viernes 13 de diciembre, el tribunal ya resolvió conceder el arresto domiciliario a Andraschko y a Lezcano, pese a la oposición de las fiscalas Delvalle y Criscioni, quienes argumentaron que existía peligro latente de fuga ante la “permeabilidad” de nuestras fronteras, y por sobre todo, porque los condenados tienen recursos económicos suficientes como para evitar el cumplimiento de sus penas.
En un momento de la audiencia de revisión de medidas, el juez Aguirre reconoció que nuestro sistema penal está hecho como para que las personas que cuentan con poder económico puedan ser beneficiadas por medidas.
Millonaria caución
Para obtener el arresto domiciliario, Andraschko ofreció G. 1.600 millones como caución real a través de dos inmuebles.
Por su parte, Lezcano ofreció cuatro propiedades valuadas en G. 9.388 millones.
El 9 de diciembre, Andraschko y Lezcano fueron condenados por la compra de tres inmuebles inservibles para asentamiento de los llamados “sintecho”.