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Las fiscales Alba Delvalle y Claudia Criscioni recurrieron ante la Cámara de Apelaciones el arresto domiciliario con que benefició un tribunal de sentencia a Andraschko y a Lezcano.
Las representantes del Ministerio Público sostienen que las penas impuestas de 5 y 4 años para Andraschko y para Lezcano, respectivamente, son elevadas.
Las agentes fiscales igualmente señalan que Andraschko tiene una condena de 2 años de prisión, por un caso de delito ambiental, lo que agrava la presunción de que no cumplirá la pena de 5 años de cárcel en caso de que la misma quede firme.
“Si bien ambos procesados han ofrecido caución real, agregada a autos, títulos de propiedades con sus respectivas tasaciones, esta representación fiscal afirma que no son suficientes para desvanecer el peligro de fuga que existe, justamente por la capacidad económica de ambos, de la cual el tribunal de sentencia hizo mención, hace presumir que los mismos podrían eludir nuestras fronteras por la permeabilidad de las mismas”.
El Ministerio Público señala igualmente que la prisión preventiva es una medida de aseguramiento que posee el sistema procesal penal para lograr su finalidad específica que consiste en la aplicación de la justicia. La fuga de los imputados tornaría absolutamente irrelevante la sanción impuesta por el órgano jurisdiccional.
Piden, finalmente las fiscales Delvalle y Criscioni que se revoque el Auto interlocutorio N° 398 del 13 de diciembre de 2013, por la cual el tribunal de sentencia integrado con Manuel Aguirre, Fabián Escobar y Eva de Witte resolvió otorgar el arresto domiciliario para los dos condenados por la tragada en la Secretaría de Acción Social (SAS), en la cual Andraschko era su titular y Lezcano, el coordinador del programa Pra-Tierra.
Millonaria caución
En la audiencia de revisión de medidas Andraschko ofreció dos inmuebles avaluados en G. 1.600 millones, en tanto que Lezcano, otras propiedades por G. 9.388 millones, para asegurarse el arresto domiciliario, ya que ambos, tras la condena decretada el 9 de diciembre pasado, fueron remitidos al Buen Pastor y a Tacumbú.
Llamó la atención que en solo unos días se les hayan otorgado las medidas menos gravosas. El tribunal de sentencia había argumentado que la conducta de los entonces funcionarios del Estado fue grave, ya que privó a muchas familias de contar con un techo donde vivir.
El fraude se consumó con la compra de tres inmuebles que no eran aptos para asentamiento humano, según las pericias.