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La médica Élida Núñez Dávalos y la obstetra Vidalia Ester Orué Godoy fueron remitidas a la penitenciaría de mujeres de Ciudad del Este, tras la imputación de la fiscala Juliana Giménez.
La representante del Ministerio Público solicitó la imposición de la prisión preventiva.
Tras la audiencia, el juez penal de garantías Amílcar Marecos resolvió decretar la medida cautelar en la penitenciaría regional.
El magistrado argumentó que tras la investigación penal podría surgir la probable responsabilidad de ambas imputadas en el hecho que se les atribuye.
Agregó que considera razonable la posibilidad de fuga y la obstrucción a la justicia por parte de Núñez y Orué, teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, a través de las cuales tienen fácil acceso y sin ningún control, tanto a las historias clínicas, contactos con posibles testigos y otros elementos que en esta etapa primaria serían trascendentes para los fines del proceso.
El juez Marecos también hace referencia para justificar la medida cautelar la falta de documentos que justifiquen suficientemente el arraigo, solvencia y vida anterior de las mismas.
El magistrado reconoce que ofrecieron vehículos como fianza real, pero sobre los mismos no se agregaron las condiciones de dominio ni la tasación, a los efectos de que sean valorados por el juzgado.
Los antecedentes
Según la imputación fiscal, el 2 de febrero pasado acudió al Instituto de Previsión Social (IPS) la señora Gabriela Maciel de Villalba, quien se encontraba entonces en el último mes de gestación.
Ya en el nosocomio, sintió fuertes dolores de parto, lo que le produjo un desmayo. Recién entonces fue ingresada al quirófano y luego de una hora y media la enfermera comunicó que el bebé nació muerto. El médico tratante, que sería Núñez Dávalos, no dio la cara para comunicar el fallecimiento.
Junta médica, contundente
- Una junta médica conformada por los doctores Pablo Lemir, Carlos Garrigoza y Adriana Inés Acosta concluyó que los trabajadores de la salud que atendieron a la parturienta tuvieron responsabilidad en la muerte del bebé. Tras este informe médico, la fiscala Juliana Giménez realizó la imputación ante las fundadas sospechas de que las profesionales Élida Núñez Dávalos (médica) y la obstetra Vidalia Ester Orué Godoy tuvieron responsabilidad culposa.
- La imputación de la agente fiscal es por homicidio culposo (Art. 107), en grado de autor. Este hecho punible tiene una expectativa de hasta 5 años de cárcel. No es frecuente que médicos procesados por este tipo de hechos sean remitidos a prisión.