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Los terceros que se ocultaron detrás de las firmas ficticias para remesar los dólares ya fueron identificados por la Fiscalía. Sin embargo, sugestivamente hasta ahora no fueron incluidos en el proceso, lo que genera sospechas sobre la objetividad de los agentes encargados de la investigación penal.
Los terceros que usaron a las empresas de portafolio serían personas con poder económico, lo cual fortalece las sospechas sobre los que indagan el caso.
Los empleados de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, a través de los cuales se remesaron los US$ 370 millones, en un solo año (2011), hasta el momento son favorecidos por la Fiscalía.
Este hecho fue criticado duramente por la defensa de la imputada Sady Caríssimo, presidenta de la firma ficticia Strong, que fue la que más dinero remesó.
El 21 de diciembre del año pasado, las fiscalas Juliana Giménez, Fátima Burró, Zunilda Martínez y Nilda Cáceres presentaron imputación contra Caríssimo y otras nueve personas, todas vinculadas a las empresas ficticias, que habrían sido creadas por Felipe Ramón Duarte (prófugo de la justicia).
Lo que se critica al Ministerio Público es que luego de ocho meses de la primera imputación, la misma no se haya ampliado contra otros posibles involucrados, sobre todo los terceros que lavaron su dinero a través de las firmas ficticias y los bancos que remesaron los dólares.
En el Jurado se informó ayer que ya se enviaron parte de las documentaciones que hacen a la actuación de las fiscalas del caso.
Los documentos serán analizados por los asesores jurídicos, que después elaborarán un dictamen, en el que van a recomendar la apertura o no de un enjuiciamiento. El fiscal adjunto encargado de supervisar el trabajo de los inferiores es Alejo Vera.
Excluidos del sumario
El Banco Central del Paraguay solo sancionó a los bancos con una amonestación pública por incumplir la ley antilavado.
Llamativamente, excluyó del sumario a las personas físicas.
El exsuperintendente de Bancos Nelson Valiente, actual titular de Aduanas, fue el que se limitó a denunciar solo a las personas jurídicas y no a los empleados.