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El exdirector jurídico del Ministerio del Interior abogado Ricardo Lugo (h), bajo patrocinio del abogado Ricardo Lugo Rodríguez, había recusado a los camaristas Gustavo Ocampos, Bibiana Benítez y Agustín Lovera Cañete.
El recusante alegó que solo “a través de la prensa” se enteró de que el camarista Lovera Cañete era miembro de la Primera Sala, y que había concedido una prórroga extraordinaria a la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo.
Sin embargo, la Sala Penal, integrada con el ministro Luis María Benítez Riera y los camaristas Mirtha González de Caballero y Arnulfo Arias, sostiene que la prórroga extraordinaria concedida al Ministerio Público por los camaristas Benítez y Ocampos, para presentar su requerimiento conclusivo, se realizó con el miembro interino Lovera Cañete, debido a la urgencia del caso, y ante la imposibilidad de la integración con el miembro titular José Agustín Fernández.
Agrega que no existió actuación irregular, porque la misma Corte había confirmado la actuación de los citados camaristas.
Además, el recusante Lugo no ha mencionado la existencia de causa legal alguna que justifique que dicho magistrado tenga legítima causal de excusación con alguna de las partes, refiere la Sala Penal.
Los procesados repusieron la providencia mediante la cual el magistrado Hugo Sosa Pasmor los convocó. Es este recurso dilatorio que deben estudiar los camaristas que ahora fueron confirmados, tras el rechazo de la recusación.
El Ministerio Público, encabezado por el fiscal José dos Santos, René Fernández y Yolanda Portillo, tiene plazo para presentar acusación u otro requerimiento conclusivo hasta el 21 de mayo próximo.
Los antecedentes
La investigación penal es por la supuesta compra irregular de cuatro helicópteros para la Policía Nacional, por un total de G. 50.000 millones. Los aparatos, de la marca Bell Northwest Rotoracraff, de procedencia norteamericana, fueron adquiridos durante la administración de Rafael Filizzola a un costo de G. 47.890.000.000. La millonaria suma fue abonada en tres pagos, el último de ellos por G. 20.382.567.558, el 12 de octubre de 2011, durante la gestión de Carlos Filizzola.
Los procesados de la causa
- En esta causa también están imputados el exministro del Interior y actual senador Carlos Filizzola, el exdirector jurídico Ricardo Lugo, el exdirector financiero Juan Diego Fernández; el director de Equipamiento de la Policía Nacional, Víctor Flor, así como Guillermo José Casado y Álvaro Lasso.
- El Ministerio Público igualmente procesó a los representantes de la firma Proibérica SA, la exdirectora de Contrataciones Andrea Adle, el exdirector de Administración y Finanzas Aníbal Muñoz y el exdirector financiero Juan Diego Fernández.
- Todos aguardan la imposición de medidas en este proceso.