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Según los antecedentes, la conducta dolosa que motivó primero la imputación por lesión de confianza se inició el 25 de abril de 2003, con la adquisición y renovación de pólizas de seguros de incendio, robo contra terceros de vehículos asegurados estando fuera de servicio, con la compañía La Consolidada SA y Aseguradora Yacyretá, en coaseguro.
El Ministerio Público determinó que existió un daño patrimonial de G. 332.390.315. Inicialmente, el perjuicio fue cuantificado en unos G. 1.500 millones.
El juzgado penal de garantías a cargo de Óscar Delgado López sostiene que la lesión de confianza tiene un marco penal base de 5 años de prisión, con lo que ha transcurrido el doble del plazo de la sanción que permite la aplicación de la prescripción penal y que por lo tanto corresponde la resolución de sobreseimiento definitivo.
El 18 de diciembre de 2008, el fallecido juez penal de garantías Pedro Portillo elevó la causa a juicio oral y ordenó que Godoy, Raggio y Ocampos enfrenten juicio oral.
El 29 de diciembre de 2008, la defensa de los acusados apeló la resolución de Portillo, y el 23 de mayo de 2011 la Cámara de Apelaciones Tercera Sala declaró inadmisible el recurso y confirmó la elevación de la causa a juicio oral.
El 6 de junio de 2011, con patrocinio del Abog. Adrián Salas Coronel (actual miembro del Consejo de la Magistratura), recurrieron nuevamente, pero esta vez ante la Sala Constitucional por medio de una acción de inconstitucionalidad.
El 28 de mayo de 2012, la Sala Constitucional de la Corte anuló las resoluciones de la Cámara y la elevación de la causa a juicio oral ordenada por Portillo, y ordenó la realización de una nueva audiencia preliminar, que se desarrolló el martes ante el juez Delgado.
Para dilatar aún más, la defensa de los acusados, a través del Abog. Ángel Rodrigo Ferreira, planteó una aclaratoria de la resolución de la Corte. El 19 de diciembre de 2013, la Sala Constitucional hizo lugar a la aclaratoria imponiendo las costas en el orden causado.
NO SE PONE FIN
En reiteradas ocasiones, los ministros de la Corte Suprema prometieron poner fin a las chicanas en los procesos judiciales. Sin embargo, hasta ahora los procesos prescriben gracias al ejercicio abusivo del derecho, lo cual el alto tribunal casi no castiga.
Los abogados defensores presentan recursos que nada tienen que ver y con ello consiguen dilatar los juicios, que terminan con el sobreseimiento de sus clientes.
En este caso, el expediente estuvo varios años en la Sala Constitucional de la Corte, en donde llevó casi dos años resolver una simple aclaratoria. Además, el alto tribunal, en un fallo sin precedente, anuló la elevación de la causa a juicio oral.