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La maniobra para beneficiar a Báez empezó con la recusación del fiscal Aldo Cantero, quien no fue confirmado en la causa.
El agente de Delitos Económicos y Anticorrupción había imputado a la exfuncionaria de la Unidad de Marcelo Pecci por siete hechos punibles: apropiación, hurto, quebrantamiento del depósito, frustración a la persecución penal, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y por infringir la Ley 1340/88 que reprime el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas.
La fiscala Claudia Criscioni fue asignada como interina, mientras se resuelve la recusación de Cantero.
Pese a la alta expectativa de pena (25 años en caso narcotráfico) y que el hecho es considerado como crimen y no prevé la aplicación de medidas alternativas a la prisión, la defensa logró que la mujer obtenga su arresto domiciliario con la excusa de que su vida corría peligro en el Buen Pastor.
El abogado defensor Juan Claudio Gaona planteó el cambio de calificación y la revisión de medidas. Lo primero fue rechazado por el juez penal de garantías Hugo Sosa Pasmor, pero hizo lugar a la excarcelación.
Para el efecto, el magistrado tuvo en cuenta un informe de la directora del Buen Pastor, María Elena Genes, quien indicó que la integridad física de Báez Bogado fue amenazada por parte de la delegada del sector Nº 1, Nancy del Carmen Peralta, y por otras internas del penal. “... considero que sería conveniente ejecutar algunas medidas alternativas que tengan por objeto el mejor resguardo físico y emocional de la procesada en cuestión, teniendo en cuenta su condición de exfuncionaria del Ministerio Público”, dijo Genes.
Teniendo en cuenta ese informe, Criscioni pidió el arresto domiciliario, que fue otorgado por el juez, con la caución personal del abogado Gaona por G. 100 millones y fianza real (inmueble) por el mismo monto.
La imputada era funcionaria “mimada” del fiscal y actual ministro del Interior, Francisco De Vargas, e hija de una relatora de la Fiscalía General. El caso también salpica al fiscal adjunto de la Unidad Antidrogas, Marco Alcaraz. Todo esto habría pesado para que se conceda el arresto a Vania, pese a que la ley lo prohíbe. El hecho irregular compromete a la justicia y la fiscalía.