De las 130 sedes de Fiscalía en todo el país, 122 son locales alquilados

El Ministerio Público tiene un total de 130 inmuebles en todo el país para las sedes de la Fiscalía. La institución existe hace más de diez años y solo ocho de los locales son propios, el resto es arrendado. Esta situación obliga al Estado a desembolsar una fortuna en alquileres cada año.

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El Ministerio Público gastó en 2012 un total de G. 14.135.100.000 solo en alquileres de sus sedes ubicadas en la capital e interior del país.

Al año siguiente desembolsó G. 1.044.965.000 en el mismo concepto, según los documentos que se encuentran disponibles en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. (www.contrataciones.gov.py).

La disminución en los montos se debe a que un mayor número de los contratos del 2012 son plurianuales, es decir, compromete el presupuesto de la Nación por un período de dos años.

El director de Administración y Finanzas del Ministerio Público, Pablo Vargas, detalló que la institución dispone de 32 locales en Asunción, 18 en área metropolitana y 80 en el interior del país.

Señaló que de estas sedes, solo ocho pertenecen a la institución, el resto son todas alquiladas.

Indicó que existe un plan de inversión de adquirir locales propios en ubicaciones estratégicas para sedes regionales del Ministerio Público. Mencionó que está como prioridad la sede de Encarnación.

“La intención es adquirir propiedades y construir con la cantidad de oficinas que necesitamos.

Normalmente nos adaptamos a la disponibilidad al momento de alquilar”, dijo Vargas.

Inconvenientes

El director de Administración y Financiero señaló que el principal inconveniente que la institución tiene a la hora de localizar inmuebles para las fiscalías es que los ofertantes prefieren que sus propiedades sean destinados para residencia familiar.

“No tenemos una medida estándar para las sedes regionales, barriales o de sectores. Priorizamos la zona donde se necesita tener presencia del Ministerio Público y nos adecuamos a los inmuebles existentes”, expresó.

Reconoció que no existe una competencia entre oferentes al realizar el llamado, sino que más bien el Departamento de Bienes se aboca en la búsqueda de los inmuebles. La sección se encarga de que el local cumpla con los requisitos para que funcione como oficina del Ministerio Público.

El funcionario resaltó que hace once años que la institución se independizó de la Corte Suprema de Justicia, desde entonces empezó a expandirse.

“En una década se gastó mucho en alquiler, convendría más tener locales propios”, dijo.

Fotos: Diario Vanguardia, Desiré Cabrera, Aldo Rojas y Virgilio Vera.

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