Lecciones que no logramos aprender

En estos 30 años de vida democrática del país, lastimosamente hay lecciones que no hemos logrado aprender y malas costumbres y prácticas que no hemos podido o no hemos querido erradicar, especialmente en cuanto al manejo de la cosa pública; es decir, de aquello que pertenece a todos y “a nadie”.

Esas prácticas se dan en instituciones del Estado y en empresas públicas que manejan ingentes recursos, ya sean del presupuesto nacional (recaudado a través de impuestos y tributos) y los generados por las propias compañías, donde la codicia naturalmente está “a flor de piel”.

Una de las empresas estatales que más recursos maneja cada año es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que realiza habitualmente licitaciones que implican el manejo de una gran cantidad de esos recursos, debido a la naturaleza misma del negocio.

Por ejemplo, este ente estatal adjudicó el 25 de junio pasado una licitación destinada a la adquisición de 15.000 transformadores de 150 kVa, de una capacidad mayor a la que se acostumbra comprar, por un valor aproximado a US$ 45.000.000, considerada “histórica” por algunos de los oferentes.

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Tras los trámites de rigor, entregó 7.500 (la mitad) a un consorcio integrado por una fábrica de colchones, somieres y almohadas; una instaladora (no fabricante) de equipos en edificios, entre ellos de transformadores; y la única que sí tiene cierta experiencia en fabricación y mantenimiento de estos equipos, pero que actualmente se encontraría inactiva, según las denuncias.

Por otra parte, destinó 6.000 y 1.500 unidades, respectivamente, a otras dos empresas paraguayas, que efectivamente hace varios años proveen de estos aparatos a la empresa estatal; es decir, poseen experiencia específica en este rubro.

No obstante, la adjudicación fue anulada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que además ordenó a la ANDE a retrotraer todo el proceso a la etapa de evaluaciones de las ofertas, tras sendas protestas presentadas por las dos firmas también adjudicadas, cuestionando (entre otras cosas) la capacidad técnica (real) y financiera del consorcio.

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Ahora no me detendré a analizar si el mencionado consorcio está o no en condiciones para encarar este gran desafío con cierto éxito, sino más bien el comportamiento de los responsables “técnicos” y legales de la ANDE, que por demás ha sido llamativo (por no decir otra cosa), y que incluye al anterior presidente de la institución, Ing. Pedro Ferreira, que firmó la resolución de adjudicación.

Lo que pasó es que “cayeron” de vuelta en esa vieja práctica, como un “deja Vu” sin fin, no solo en la ANDE, sino también en otras empresas públicas que posibilitan la participación de “oferentes” que nada tienen que ver con el producto a ser suministrado, solo porque ofrecen una supuesta “espalda financiera”, y a pesar de que la que va a ejecutar el trabajo no cumple con los requisitos esenciales del pliego.

Nuestro diario ha publicado innumerables casos de licitaciones amañadas ganadas, por ejemplo, por imprentas para proveer combustibles; o empresas vialeras o de la construcción para suministrar carne y otras mercancías para ciertas instituciones del Estado.

En el caso que nos ocupa hoy, la DNCP ha actuado con sensatez (ojalá lo haga en todos los casos), anulando la adjudicación y ordenando comenzar todo de vuelta el proceso, porque de lo contrario no solamente la ANDE corría el riesgo de sufrir algún perjuicio grave, sino toda la población.

Así las cosas, esta suerte de burla a la que es sometida todo el tiempo la sociedad lejos está de ser erradicada, pero alguien tiene que ponerle coto definitivo, comenzando con el titular del Poder Ejecutivo y siguiendo con los ejecutivos principales de las instituciones y/o empresas del Estado. Este tipo de cosas no resulta divertido, sobre todo para la ciudadanía, que cada vez está menos dispuesta a ser engañada tan “alegremente”.

jfleitas@abc.com.py

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