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Aun cuando el título pueda sugerir una referencia al tema eléctrico que nos aflige, en realidad queremos referirnos a otra vieja cuestión tampoco resuelta y que daña nuestro Estado de Derecho.
Los sistemas jurídicos están construidos bajo la siguiente presunción: todos los habitantes conocen la Constitución y todas las leyes, y los tratados y los decretos y las resoluciones y las acordadas y los reglamentos y las ordenanzas; en fin, conocen todas las normas jurídicas, cualquiera sea su denominación y cualquiera sea la autoridad que las dicte.
"Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley", ordena la Constitución Nacional y el Código Civil aclara: "La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la ley".
Dado que se obliga a conocer y cumplir las normas jurídicas, se otorgan algunas garantías mínimas. Así se establece que las leyes serán publicadas y que solo luego de su publicación entrarán en vigencia. Es demasiado obvio que las personas no pueden conocer algo que no salió a la luz pública y menos ser obligadas a cumplir de lo que no fueron informadas.
En Paraguay existe una Gaceta Oficial donde se publican las leyes del Congreso y los decretos del Poder Ejecutivo. Funciona mal, cuando funciona. Pero lo más grave es que esta publicación oficial, salvo excepciones, no incluye a todas las otras normas legales que son miles. La publicación de estas otras normas no está reglamentada. No existe una fuente de información oficial segura, confiable y oportuna. En algunos pocos casos, por este motivo y como paliativo, se dispuso que publiquen en los diarios ciertas normas. Algunas instituciones estatales tienen una página web donde insertan las normas legales que a ellas competen, pero no son confiables en cuanto a que esté incorporada toda la normativa que les incumbe y, de hecho, en la mayoría de los casos no está. Muchas veces hasta las mismas autoridades encargadas de hacerlas cumplir tampoco las conocen.
La prensa ayuda muchísimo a que la ciudadanía tenga alguna información respecto de algunas normas, pero no es su rol el de informar y menos publicar in extenso todas las nuevas disposiciones legales que cada día aparecen, por lo que miles de ellas permanecen sin ver la luz.
El título de esta nota va adquiriendo sentido al tomar conciencia de que algunas normas jurídicas conocen la luz y otras permanecen en la obscuridad para los habitantes. Vivimos en un marco legal marcado por la penumbra, pero sin embargo estamos obligados a no ser ignorantes y a cumplir incluso con aquello que no es público, que no conocemos ni podemos conocer. Hoy en Paraguay, la mayoría de las normas que se aplican nunca fueron publicadas formal y oficialmente. Es un tema demasiado grave que requiere de una solución para consolidar el Estado de Derecho. Nuestros derechos y nuestras obligaciones están contenidos en una larga y variada gama de normas jurídicas y si no tenemos acceso a la información correcta, completa, segura y oportuna respecto de cada una ellas, la estructura legal se convierte en un andamiaje peligroso.
Este tema hoy tiene afortunadamente una solución sencilla y de bajo costo. Recurrir a Internet. Obligar la publicación en la web de todas las normas a través una gaceta oficial completa. Obligar a que además existan bases de datos por cada institución y garantizar que lo que no están en ellas no existe para el mundo jurídico.
En resumen, nuestra seguridad jurídica, tan reclamada, tiene un primer cimiento: la norma jurídica publicada y accesible para los habitantes. Esto no existe en nuestro país. Por aquí debemos comenzar, por saber cuáles normas son las que nos rigen y qué establecen. Mientras tanto, seguiremos caminando bajo la luz de las candelas, por decir algo quizás romántico y quizás actual. La verdad es que nos hemos acostumbrado a la mediocridad y de ahí no podemos salir. La difusión eficiente de las normas jurídicas debe interesar a todos por igual, pero ello no ocurre y sería bueno saber a quienes importa. Es patéticamente cierto que el país que queremos todavía está por diseñarse.
* Abogado tributarista, columnista invitado.
Los sistemas jurídicos están construidos bajo la siguiente presunción: todos los habitantes conocen la Constitución y todas las leyes, y los tratados y los decretos y las resoluciones y las acordadas y los reglamentos y las ordenanzas; en fin, conocen todas las normas jurídicas, cualquiera sea su denominación y cualquiera sea la autoridad que las dicte.
"Toda persona está obligada al cumplimiento de la ley", ordena la Constitución Nacional y el Código Civil aclara: "La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, salvo que la excepción esté prevista por la ley".
Dado que se obliga a conocer y cumplir las normas jurídicas, se otorgan algunas garantías mínimas. Así se establece que las leyes serán publicadas y que solo luego de su publicación entrarán en vigencia. Es demasiado obvio que las personas no pueden conocer algo que no salió a la luz pública y menos ser obligadas a cumplir de lo que no fueron informadas.
En Paraguay existe una Gaceta Oficial donde se publican las leyes del Congreso y los decretos del Poder Ejecutivo. Funciona mal, cuando funciona. Pero lo más grave es que esta publicación oficial, salvo excepciones, no incluye a todas las otras normas legales que son miles. La publicación de estas otras normas no está reglamentada. No existe una fuente de información oficial segura, confiable y oportuna. En algunos pocos casos, por este motivo y como paliativo, se dispuso que publiquen en los diarios ciertas normas. Algunas instituciones estatales tienen una página web donde insertan las normas legales que a ellas competen, pero no son confiables en cuanto a que esté incorporada toda la normativa que les incumbe y, de hecho, en la mayoría de los casos no está. Muchas veces hasta las mismas autoridades encargadas de hacerlas cumplir tampoco las conocen.
La prensa ayuda muchísimo a que la ciudadanía tenga alguna información respecto de algunas normas, pero no es su rol el de informar y menos publicar in extenso todas las nuevas disposiciones legales que cada día aparecen, por lo que miles de ellas permanecen sin ver la luz.
El título de esta nota va adquiriendo sentido al tomar conciencia de que algunas normas jurídicas conocen la luz y otras permanecen en la obscuridad para los habitantes. Vivimos en un marco legal marcado por la penumbra, pero sin embargo estamos obligados a no ser ignorantes y a cumplir incluso con aquello que no es público, que no conocemos ni podemos conocer. Hoy en Paraguay, la mayoría de las normas que se aplican nunca fueron publicadas formal y oficialmente. Es un tema demasiado grave que requiere de una solución para consolidar el Estado de Derecho. Nuestros derechos y nuestras obligaciones están contenidos en una larga y variada gama de normas jurídicas y si no tenemos acceso a la información correcta, completa, segura y oportuna respecto de cada una ellas, la estructura legal se convierte en un andamiaje peligroso.
Este tema hoy tiene afortunadamente una solución sencilla y de bajo costo. Recurrir a Internet. Obligar la publicación en la web de todas las normas a través una gaceta oficial completa. Obligar a que además existan bases de datos por cada institución y garantizar que lo que no están en ellas no existe para el mundo jurídico.
En resumen, nuestra seguridad jurídica, tan reclamada, tiene un primer cimiento: la norma jurídica publicada y accesible para los habitantes. Esto no existe en nuestro país. Por aquí debemos comenzar, por saber cuáles normas son las que nos rigen y qué establecen. Mientras tanto, seguiremos caminando bajo la luz de las candelas, por decir algo quizás romántico y quizás actual. La verdad es que nos hemos acostumbrado a la mediocridad y de ahí no podemos salir. La difusión eficiente de las normas jurídicas debe interesar a todos por igual, pero ello no ocurre y sería bueno saber a quienes importa. Es patéticamente cierto que el país que queremos todavía está por diseñarse.
* Abogado tributarista, columnista invitado.