Una niña de 10 años y otra de 13 embarazadas producto de violaciones son los casos más emblemáticos en medio de una ola de denuncias sobre abuso sexual en niños que ha despertado a la opinión pública y dividido a la sociedad por sus puntos de vista.

El Código Penal Paraguayo en su artículo 135, sobre abuso sexual en niños, expresa: “El que realizara actos sexuales con un niño o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigidos a él, o lo indujera a realizarlos ante sí o ante terceros”, pena que puede incrementarse hasta 10 años de que lleguen al coito.

Se trata tan solo de una de las figuras que castiga la ley en el caso de violencia contra la autonomía sexual de los menores y que es ampliamente criticada por la baja cantidad de años a los que los agresores están expuestos, por lo que se inició una campaña en redes sociales que apunta a aumentar la pena privativa de libertad.

Al respecto, la activista por los derechos de las mujeres Mirta Moragas dijo que en “si en este país vos robás una vaca, vas a poder ir 12 años” a la cárcel, en comparación con la baja cantidad de expectativa de prisión para los agresores sexuales.

“En el caso de niños y adolescentes, no solo hablamos de la autonomía sexual, también estamos hablando de su integridad física, psíquica, su proyecto de vida, de su futuro prácticamente. Es un bien que debe estar mucho más penalizado que cualquier otro caso. De todas las agresiones sexuales, yo creo que en el caso de niños, niñas y adolescentes tiene que tener una pena mayor”, expuso.

Dijo además que el obstáculo principal no son las penas, sino la impunidad. “De que tenemos penas bajas, eso es absolutamente cierto, pero además tenemos un sistema de justicia que deja impunes la mayoría de estos casos”. Agregó que la justicia paraguaya no toma en cuenta para nada, en casi ninguno de los casos, la palabra de los niños, “entonces también tenemos que tener un sistema de justicia eficiente y eficaz para perseguir”.

La fiscala de Mariano Roque Alonso, Claudia Torres, por su parte salió al paso de las críticas y refirió que “la ley no es blanda” y sostuvo que se contemplan distintos tipos penales que protegen la integridad y la autonomía sexual del menor, como la coacción sexual, el estupro y lesión grave, entre otros, con los que se puede aumentar la pena para los agresores.

Aclara que si el agresor no fue imputado desde el inicio del proceso, la fiscalía puede apelar alegando hechos nuevos y e incluso en pleno juicio. “La fiscalía en varios casos ha logrado condenas por concurso y ha elevado la pena”, comentó.

En referencia a uno de los casos que lleva en Mariano, sostuvo que tras un examen médico se constató que hubo desgarro, lo que se considera como una lesión grave, entonces en este caso “hay concurso (de hechos), una violación porque hubo coito, y una coacción porque hubo fuerza obviamente del adolescente, que no puede hacer frente”, y sostuvo que con esta sucesión de cargos, la pena para el agresor puede trepar incluso a los 22 años, siempre dependiendo de los tipos penales por los que se le imputó.

A propósito, Moragas expuso que la fiscala tiene razón “en el sentido de que una fiscala o un fiscal quiere hacer bien su trabajo, puede perfectamente concursar varios tipos penales para tener como un marco penal mayor, pero eso depende demasiado de la voluntad del fiscal”. Sin embargo, dijo la ley puede establecer entonces penas ejemplares en lugar de depender de la buena voluntad de los fiscales. “En ese contexto que se está discutiendo una reforma del Código Penal y creo que es un tema urgente y es necesario poder elevar las penas”.

Para Moragas, cuando un caso de violación llega a la justicia “ya es muy tarde”, puesto que demuestra todo el sistema de protección, empezando por la familia y continuando por el Estado, ha fallado. Reconoce que más allá de la importancia de adecuar los marcos penales a la gravedad de los hechos, es imperante tomar otras medidas. “Debemos tener más niños y niñas protegidas del abuso y en eso es lo que no estamos invirtiendo”, remarcó.

También dijo que en la sociedad hay un juego perverso de enfocarnos en pedir penas más altas, pero no se toman medidas para que esto no siga sucediendo. “Los niños deben tener todas las herramientas para identificar los tipos de abusos y poder denunciar”, expresó. Para la activista, el sexo sigue siendo un tabú, lo que impide a los menores poder acceder a la información que necesitan “y eso no va a solucionarse con elevar las penas”.

Por su parte, la fiscala Torres expresa que un país no progresa por contar con más leyes: “En Paraguay, cualquier cosa que no se puede solucionar es ‘vamos a sancionar una nuevas ley’ como si fuese la ley la que va a solucionar todo” y añade que no es la ley el centro del problema en el caso de los menores, sino que se trata de un problema socioeconómico y estructural, donde todas las instituciones del Estado están involucradas y, de alguna manera, en falta.