Una deuda con los auténticos dueños

Siete años ya han pasado desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenciara al Estado paraguayo a reponer 14.000 hectáreas a la comunidad Sawhoyamaxa. Pero, hasta el momento, no se ha cumplido esa determinación.

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Paraguay estaba en ruinas. Apenas una década había pasado desde que una de las páginas más negras de nuestro país había llegado a su fin. Una cruel y dispareja guerra había diezmado la población, destruido la producción y arrasado con todo lo que encontró a su paso en tierras paraguayas.

En un intento de reconstruir el país, atraer inversiones y -sobre todo- comenzar a poblar el Chaco, que comenzaba a ser centro de tensión con Bolivia, varios gobiernos comenzaron a vender grandes extensiones de tierras a extranjeros en la Región Oriental.

Muchos de los que decidieron aventurarse hacia estos lares fueron británicos que trajeron consigo a predicadores anglicanos. Fueron precisamente ellos quienes tuvieron los primeros contactos con las etnias chaqueñas, entre ellas la Enxet.

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Estos habitantes originarios habían sido olvidados por los gobernantes paraguayos y vendidos con las tierras que antes fueron de ellos. Durante muchos años fueron mano de obra esclava, semiesclava y alguna vez remunerada.

Asimismo, sumidos en el olvido de un Estado que hacía la vista gorda e ignoraba adrede la existencia de las comunidades indígenas. Con la caída de la dictadura, se comenzaron a experimentar algunos avances para reconocerlos.

Así, en 1991 comenzó la lucha de la comunidad denominada Sawhoyamaxa, de la etnia Enxet. Sin muchas pretensiones, su primer pedido era simplemente ser reconocida como una comunidad autóctona.

Un año después, en 1992, por primera vez en la historia paraguaya, se reconocían los derechos de los pueblos indígenas con un artículo en la Constitución Nacional.

Con esos cambios, la comunidad además dio inicio a su lucha por volver a las tierras que algunas vez le fueron arrebatadas. Desde 1994, esta lucha es acompañada por la organización Tierra Viva.

Ricardo Morínigo, quien trabaja en la ONG Tierra Viva, explicó a ABC Color que durante el proceso judicial que se inició se consiguió demostrar que las 14.000 hectáreas reclamadas por la comunidad eran de ellos desde épocas ancestrales.

Se fueron agotando las instancias, hasta que en 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado paraguayo a reponer esas tierras a los Sawhoyamaxa.

El dictamen se sumaba al que un año antes había conseguido la comunidad Yakye Axa. Una tercera se tendría en 2010, cuando la comunidad Xámok Kásek conseguía una sentencia favorable.

Paraguay es el único país miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) con tres sentencias en contra en cuestiones de derechos indígenas.

Desde esos días, la comunidad vivió a un costado de la Ruta Transchaco a la espera del momento en el que las autoridades cumpliera con el dictamen y pudieran volver a sus tierras. Pasaron las engorrosas cuestiones administrativas, pero después no se tuvo mayores avances.

La persona que tiene registrada a su nombre las tierras, de origen alemán, llegó a pedir 2.000 dólares por hectárea, un monto muy por encima del precio real en esa zona (unos 600 u 800 dólares por hectárea).

Pasaron los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco, y la sentencia que debía haberse cumplido en 2010 todavía sigue sin llegar a un puerto favorable. Fue Franco quien, en su penúltimo día de gobierno, el 13 de agosto pasado, presentó un pedido de expropiación.

Ese pedido ha quedado dormido en el Poder Legislativo, que debe aprobarlo.

Cansados del incumplimiento, el 21 de marzo pasado los miembros de la comunidad decidieron ingresar y reocupar parte de las 14.000 hectáreas que les pertenecen.

“Desde el ingreso de la comunidad a sus tierras, teniendo en cuenta la situación anterior, podríamos decir que en el ánimo de la gente hay una mejoría. Hay un mejor ánimo”, relata Morínigo.

Las familias comenzaron a cultivar sus pequeñas huertas para tratar de subsistir, aunque la situación material sigue siendo dura. Hace una semana, por ejemplo, la sequía que azota la zona de la Región Occidental secó sus fuentes de agua.

La comunidad cuenta con un médico que viaja hasta la zona dos veces al mes para asistirlos; además, tienen una escuela con tres maestros (dos de ellos con rubro y uno que trabaja ad honórem). Ahora pueden tener algunos animales y tratar de subsistir.


Por su parte, la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional ha manifestado en más de una ocasión su preocupación por la situación en la que se encuentra la comunidad Sawhoyamaxa.

“La sentencia dictamina que el Estado paraguayo viola el derecho a la vida. Ellos necesitan su tierra para poder vivir”, comenzó diciendo Frank Conde, vicedirector de Comunicación de Amnistía Paraguay, en conversación con ABC Color.

“Hay otro aspecto, que es sumamente vergonzoso: el Estado paraguayo no ha tenido ni la capacidad ni la voluntad de cumplir con los derechos humanos”, señaló, para luego indicar que ante la precaria situación en la que viven, varias muertes se han registrado en el seno de la comunidad.

Conde lamentó que, pese al intenso lobby que se viene realizando, algunos legisladores los atienden pero sin interés real para tratar la ley que devuelva sus tierras a la comunidad.

“No puede ser que los legisladores estén tardando tanto para resolver algo que ya tendría que estar resuelto”, expresó.

AI participó en mayo pasado de una visita a la comunidad en la que pudieron constatar la situación en que viven. Desde ese momento, activistas de diferentes partes del mundo han enviado fotos con mensajes de apoyo a la comunidad.

Esas fotos serán entregadas en una próxima visita a los sawhoyamaxa, que se realizará el 23 de noviembre.

“Estamos tratando de sacar este tema a la luz, para que el pueblo lo conozca, se sensibilice y se movilice”, sentenció Conde.

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