Imputan a miembros de red de estafadores

Los procesados son los hermanos Hugo Arnaldo González Villamayor y Hugo Wilfrido González Villamayor, al igual que María Mabel Fernández. Los citados soportan cargos por estafa, extorsión, abuso de documentos de identidad y asociación criminal.

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Según la investigación fiscal, los imputados supuestamente se pusieron de acuerdo para obtener beneficio económico de forma indebida y serían responsables de inducir al error -mediante declaración falsa- a una víctima al disponer de su patrimonio, por un monto de G. 11.500.000.

Para el efecto, los integrantes de la supuesta banda delictiva habrían utilizado documentos de identidad de numerosas personas para habilitar números telefónicos y luego retirar importantes sumas de dinero, producto de la extorsión.

En el caso específico denunciado por el afectado, los investigadores pudieron determinar que María Colmán Fernández habría retirado la suma de G. 11.500.000 que fuera girado por el denunciante a la cabina telefónica que la misma administraba.

La trampa

Acorde a los datos, la víctima fue engañada para enviar la millonaria suma, con la promesa de cobrar 5.000 dólares por una supuesta gestión para la liberación de una carga retenida. Los embaucadores incluso le remitieron supuestas copias de depósito en una entidad cambiaria.

Tras una serie de diligencias investigativas, ayer miércoles fueron detenidos los sospechosos durante sucesivos procedimientos realizados por la Fiscalía Antisecuestro y agentes del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional. Del poder de los mismos se requisaron varias evidencias.

María Estela Cardozo también fue arrestada al inicio, pero después fue liberada al constatarse que solo se uso su nombre para la habilitación de números telefónicos usados para el golpe.

Otros integrantes de la presunta organización criminal están en la mira de los investigadores y en cualquier momento serían igualmente privados de su libertad, según adelantaron los encargados de las pesquisas.

La fiscala Ocampos solicitó al juzgado la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, toda vez que los imputados cumplan con varios requisitos para la aplicación de medidas alternativas.