La presidenta de la Comisión de Biodiversidad, Camila León, del oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) solicitó el archivo de la norma por haber encontrado "dos inconstitucionalidades" en su redacción, no cumplir con los requisitos de la Corte Constitucional y, en definitiva, "haber fallado en su esencia", según detalló en el hemiciclo.
También solicitó que, en un plazo de 30 días, se prepare un informe de seguimiento y se informe a la Corte Constitucional del motivo de esta decisión.
En su intervención, León argumentó que el Artículo 20 de la norma –que permite la práctica de actividades como cacería de zorros, toros de pueblo, rodeos y gallos de combate– va en contra de la consulta popular de 2011, mediante la cual se prohibieron las corridas de toros en algunas ciudades, entre ellas la capital Quito.
La disposición general octava de la norma decía que el artículo 20 no podía aplicarse en los cantones (municipios) donde "se encuentran prohibidos los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal como producto de la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011".
No obstante, esta especificación no ha sido suficiente para que la Comisión de Biodiversidad apreciase cierta inseguridad en su redacción. "Puede generar ambigüedades e inseguridad jurídica", explicó León.
La Comisión de Biodiversidad también identificó una regresión de derechos al reducir las sanciones vinculadas al cuidado y protección animal.
El pleno se pintó de verde durante la votación, en la que 143 asambleístas, entre ellos correistas y oficialistas, votaron a favor de su archivo. Dos de ellos votaron en contra y cuatro se abstuvieron.
La votación se dio mientras en los exteriores del Legislativo ecuatoriano se concentraban tanto grupos tradicionalistas a favor de mantener los espectáculos con animales como colectivos que defienden los derechos de los animales y que abogan por el cese de estas actividades.
Desde el colectivo Ley Orgánica Animal (LOA), Martiza Rubianes afirmó que el texto ahora archivado por el Parlamento no cuimplía con las disposiciones de la sentencia de la Corte Constitucional, que ordenó que los animales sean reconocidos como sujetos de Derecho a través del desarrollo de una ley que tutele estos derechos.
Mientras, el abogado y presidente de la Fundación Tradiciones Milenarias de Ecuador, César Augusto Ruiz, defendió que los espectáculos con animales son una actividad económica que sostiene a muchas familias y reivindicó la legislación vigente, en la que "la pelea de gallos no se encuentra cancelada".
La Corporación Nacional de Avicultores (Conave), una asociación de productores avícolas, difundió este lunes un video donde llamaba a la población a manifestarse en contra la ley. "Un pequeño grupo de personas no está de acuerdo con tus tradiciones. Tu economía está siendo amenazada!, versaba la reproducción.
La asambleísta Camila León aprovechó la situación para desmentir que la medida jugara en contra del gremio. "Queremos dejar claro que jamás hemos considerado afectar en absoluto al sector producto del Ecuador [...] los productores son generadores de empleo, sabemos que mueven la economía del país [...]", detalló.