El equipo conjunto de investigación de la Policía y el Ejército inspeccionó un total de 18 emplazamientos, entre ellos oficinas y domicilios vinculados a los sospechosos del caso, según fueron citados los investigadores por los medios locales.
El Gobierno surcoreano había negado previamente cualquier implicación oficial en estas operaciones; sin embargo, el grupo investigador señaló ahora que, además de los tres civiles bajo sospecha, se encuentran bajo investigación tres soldados en activo y un empleado del NIS.
Uno de los principales sospechosos civiles, un estudiante de posgrado treintañero, afirmó públicamente en enero haber operado los drones y aseguró que los vuelos tenían como objetivo medir niveles de radiación y contaminación cerca de una instalación norcoreana. Otro implicado habría participado en la fabricación de los aparatos.
El caso supone un golpe para los esfuerzos de distensión intercoreana del actual presidente, Lee Jae-myung, quien ha criticado duramente las presuntas operaciones de drones con fines propagandísticos durante la Administración de su predecesor Yoon Suk-yeol.
Yoon se encuentra actualmente en prisión acusado en siete casos judiciales, tras su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. La sentencia del proceso más grave, por cargos de insurrección, será emitida el 19 de febrero y podría acarrearle la pena de muerte.