El pleno de la Cámara Baja aprobó ayer el proyecto de ley “Que exonera temporalmente la obligación del pago del canon para la entrega onerosa de granos de soja con tecnología genéticamente modificada durante la zafra 2020/2021”.
El texto, de dos artículos, fue remitido a la Cámara de Senadores para su consideración.
La propuesta suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la Ley 1630 “De Patente e Invención”. Fue presentada por los colorados cartistas Pedro Alliana y Basilio Núñez junto a los abdistas Colym Soroka, Jazmín Narváez y Carlos Núñez.
Según Soroka, debido a la sequía y a la crisis mundial, los sojeros no están en condiciones de pagar el canon, al cual calificó de injusto. Agregó que las semillas supuestamente también perdieron la resistencia a las plagas que le da el valor genético.
Por su parte, Pastor Vera (PLRA) cuestionó que los sojeros deban pagar US$ 17.5 por cada tonelada de grano a Monsanto y a otras multinacionales.
Sergio Rojas (PLRA, llanista) recalcó que el Paraguay es el único país en que los sojeros deben pagar estas regalías.
Se expresaron en contra del proyecto de ley los diputados por Capital Sebastián García y Sebastián Villarejo, del Partido Patria Querida (PPQ), y los colorados cartistas Walter Harms (Itapúa) y Edwin Reimer (Boquerón).
García señaló que era “una ley de apriete” y “un acuerdo entre privados” que lanza un pésimo mensaje del Paraguay al mundo de los inversores.
Villarejo, a su turno, calificó a la propuesta de “jugada perversa” y “sin lógica” del Gobierno de turno.
Harms manifestó que la ley era completamente inconstitucional y desmintió que no se cobre el mismo canon en otros países. “En Brasil, Argentina y Uruguay los que quieran acceder a estas semillas, pagan”, dijo el legislador.
Reimer pidió a sus colegas “no interferir” entre los tratos empresariales del sector privado y dijo que un instituto local ya trabaja en crear soja nacional. Este último pidió la postergación del punto, el pleno votó y la moción de aplazamiento perdió por amplia mayoría.
"Este sistema de cobros va en contra de nuestra soberanía productiva y todo principio del derecho de los agricultores de disponer de su propia semilla, producida en su finca, conocido en el rubro como “reserva de semilla”, indicaron los proyectistas en su exposición.
“Los que modifican genéticamente tienen todos los derechos y con justa razón sobre la semilla propiamente dicha. Y se paga y se debe pagar esos derechos intelectuales, pero al momento de comprar la semilla. No deberían tener derecho sobre producción agrícola resultante de un campo”, recalcaron los impulsores de la ley que busca suspender este canon.