Golpe a contrabandistas de combustible

El Ministerio Público logró frustrar la comercialización de un cargamento con cuatro mil litros de combustible de contrabando, con lo que se calcula habrían ocasionado una millonaria pérdida a la venta clandestina del carburante.

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Por instrucciones del fiscal adjunto Ricardo Merlo, el fiscal César González realizó el jueves y el viernes pasado una serie de allanamientos en el Barrio Lourdes, de la localidad de San Ignacio, en el marco de investigaciones por contrabando de combustible supuestamente proveniente de Pilar.

Cuatro fueron en total los procedimientos llevados a cabo por la comitiva fiscal-policial en conjunto con agentes del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (DETAVE), representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y representantes del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

Según precisó el fiscal interviniente, César González, el primer día –jueves 6- se procedió a la inspección de dos lugares; el primero, una playa clandestina, donde se encontraron cuatro bidones de 1.000 litros cada uno y más de 20 tambores de 200 litros cada uno.

Seguidamente, rastros les condujeron a un segundo lugar, una vivienda particular cuyo propietario sería el responsable del cargamento, de donde se logró incautar un camión tipo Canter, con capacidad para 2.000 kilos.

El supuesto responsable, identificado como Cristóbal Velazco, al percatarse de la presencia policial en el lugar se dio a la fuga.

Ya el viernes, allanaron un patio baldío, donde se encontraron 11 tambores de 1.000 litros cada uno, de los cuales uno estaba cargado aproximadamente hasta la mitad, según González.

Finalmente, en otro aguantadero cercano, se halló un contenedor de 1.000 litros, con 70 litros de combustible en su interior.

Aunque el fiscal libró orden de captura sólo contra Cristóbal Velazco, el mismo admite que muchas otras personas del lugar estarían involucradas en el ilícito.

“También están metidas gente de arriba”, reveló.

Por este mismo motivo, dijo que ya varias amenazas recibieron desde que iniciaron las investigaciones, en las cuales más de 300 mil litros del carburante fueron incautados.

Según el agente fiscal, del combustible comercializado ilícitamente se nutrían arroceros, sojeros e incluso taxistas.

“Van hasta Paraguarí y también a Central a vender el combustible”, dijo.

En cuanto al costo por litro en el lugar de origen, la ciudad de Pilar, González estima que rondaría los G. 2.000, y ya al revenderse el precio estaría entre G. 3.000 y 6.000 dependiendo de la calidad.

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