Un relato llamado Itaipú

Doña Elena y Don Edu, en una localidad de Caazapá, atienden al noticiero de la noche, curiosos de lo que significa aquello que se está informando. En la TV muestran las noticias sobre Itaipú: la tarifa subió y hay posibilidad de venta de energía paraguaya al Brasil. Son padres de cuatro hijos. Elena es la que se encarga de la granja y de las tareas de la casa, junto a sus tres hijos menores (una de 16 años, otro de 7 y otro de 4 años). La casa resalta entre paredes de tabla y adobe, con el techo de paja y chapa en aleatoria combinación. Aunque tienen energía eléctrica, cocinan a leña, para ahorrar en la factura de luz.

El padre con el hijo mayor (26 años), trabajan en una estancia extensa de 1.300 hectáreas que corresponde a un conocido político, cobrando 50 mil Gs por día trabajado, cada uno. El hijo mayor pudo estudiar contabilidad en un pueblo cercano, pero no ha conseguido trabajo. El joven está enojado, porque se enteró por televisión que los tres hijos del dueño de la estancia han sido ubicados en la municipalidad y en la cámara de diputados, sin concurso, mientras sus padres no tienen ni tierra propia para cultivar.

Toda la familia se incorpora a presenciar la esperanzadora información dada por el propio presidente: más fondos, más negocios, más oportunidades. ¿Para quién? ¿Alcanzará hasta las chacras el beneficio? ¿Será igual que las anteriores veces, cuando prometieron y no cumplieron?

Sí, la lectura anterior es ficción, pero ni tanto, porque esquiva en milímetros la realidad de cientos de miles de familias paraguayas; incluso, hay miles de hogares que están en una situación mucho peor, tal que ni se enteran de las situaciones políticas del país o, simplemente, están ocupados en sobrevivir el día a día, como se pueda.

Ilusiones y realidades sobre Itaipú

En estas semanas ha retumbado en las noticias sobre el exitoso acuerdo conquistado desde el gobierno con el vecino país (Brasil), atendiendo a las palabras de las autoridades. Por un lado, lo que tiene que ver con el pacto en torno a una nueva tarifa para los años 2024, 2025 y 2026.

En un primer momento había salido un material donde el propio presidente hacía entender que se lograban 1.250 millones de dólares, sin detallarse que la mayor parte de esos fondos ya se tenían anteriormente, de manera anual. Luego, confusión instalada, desde el mismo sector del gobierno empezaron a ordenar otros montos en los días siguientes, hasta que finalmente se coincidió, entre políticos y prensa, que el monto adicional rondaba solo los 200 millones de dólares.

A pesar de los errores de comunicación, hay que procesar, en cuanto a la tarifa, que lo que se hizo fue habilitar más dinero extra sobre la mesa, debido a una tarifa más alta que la del 2023. Al subir la tarifa se pagan todos los compromisos de Itaipú, pero incluso sobra para que los países se repartan y lo usen en los gastos que estos decidan conveniente.

Maniobras semejantes (con el fin de tener más dinero sobre la mesa) ya se habían concretado durante el anterior gobierno y sumando todo, el sobrante en la mesa paraguaya alcanza unos 650 millones de dólares anuales. Ese monto anual se registrará (tal como antes) en una caja denominada “Caja de Gastos Sociales”.

Lo que actualmente la opinión pública impulsa (pero que todavía no se define) es que hayan mayores garantías en cuanto a la administración de esos fondos, teniendo en cuenta que nadie puede acceder a una rendición transparente y rápida de dichos caudales, como sí se puede proceder en el caso de otras inversiones realizadas a partir de presupuestos manejados por el estado.

Lo que también es una realidad, es que el pacto último en Itaipú también menciona otros aspectos importantes, como el de mantener el acuerdo operativo del 2007 (mecanismo que logra que una parte de la energía retirada por la estatal sea más barata), lo que permite a la ANDE disminuir el costo medio de la energía para los ciudadanos paraguayos. Convengamos, con esto, que por lo menos no debería haber subas en la factura de luz de los habitantes en los próximos tres años.

También se determinó el inicio de la revisión del anexo C, donde se podrá estudiar cuestiones financieras de la represa y elementos sobre la prestación de servicio de Itaipú para con los países. Además, como parte muy importante, se fijaron bases para la comercialización de energía eléctrica paraguaya en segmentos del mercado eléctrico brasilero. Este punto se puede desarrollar a grandes rasgos, para entenderlo.

La soberanía energética y el largo relato de la venta de energía

Se sabe que Paraguay, hasta el día de hoy, no tiene posibilidades de utilizar toda su energía de Itaipú (50% del total), porque no se ha apurado la infraestructura necesaria, no se ha logrado captar suficientes industrias en estos años, etc. El resultado, en este sentido, es que se sigue cediendo el derecho al Brasil para disponer de la energía excedente paraguaya. El país vecino retira dicha energía, pero deja una compensación a cambio (porque así está obligado en los documentos oficiales).

La compensación por cesión que recibe Paraguay ha sido muy cuestionada (a pesar de que el gobierno del 2009 había triplicado el beneficio), por el hecho de que el país nunca tuvo la libertad de sumergirse con sus propios medios a buscar mejores ofertas por su energía. Ahora, al parecer, se podrá avanzar en ese aspecto, aunque corresponde tener en cuenta algunos antecedentes y situaciones.

En el 2009, con el acuerdo Lula-Lugo, ya se había forjado la comercialización de la energía paraguaya en el mercado brasileño; pero, por alguna razón, no se vio una insistencia de los siguientes gobiernos para avanzar en las acciones operativas de esa necesidad. En todo caso, podría decirse que Lula es el principal actor que posibilitaría iniciar una incursión comercial directa de la energía paraguaya en el mercado eléctrico del Brasil.

Por otro lado, en el 2019, se tiene el registro de que la empresa Léros había propuesto a la ANDE, comprar grandes bloques de energía, usando infraestructura local. Un intento de negocio, entre unos pocos, que nunca fue aclarado; en momentos en que un joven e inexperto abogado denominado Joselo hacía de versado en el tema, ayudando a los tentáculos de quien sabe qué actor fuerte del tablero. Aquel evento también hacía parecer que comercializar energía paraguaya al Brasil era completamente factible, y muy atractivo para las empresas del rubro.

Más adelante, en el 2021, y con el propio presidente actual de la ANDE se había informado sobre la firma de intención de venta de la energía de Acaray a una compañía del estado de Paraná, mencionando, en ese entonces, que era una cuestión independiente de Itaipú. Se supone que la actual oferta de la ANDE (de 100 MW de energía de Acaray), ya tendrá mayor diversidad de compradores debido al nuevo acuerdo; por lo tanto, posibilidad de mayores beneficios.

La corrupción como barrera y la ANDE como agente desarrollo

El mercado eléctrico brasileño es mucho más complejo que el mercado local y, en propias palabras del presidente de la ANDE, solo unos funcionarios han logrado obtener formación de maestría en el ámbito de la comercialización de energía en el Brasil, por lo que los esfuerzos deben aumentarse en gran medida, atendiendo a lo acortado de los tiempos (hasta el 2026), antes que la situación vuelva a cambiar completamente para el Paraguay y ya no se tenga dinero para invertir.

Con el acuerdo reciente, luego del 2026, el flujo de dinero de Itaipú para Paraguay será menos del 50% de lo que hoy se representa. Para ese momento, con una energía abaratada, la ANDE deberá estar bien fortalecida (con infraestructura y conocimiento) para abordar de manera madura las oportunidades. Es la institución que puede direccionar el desarrollo en los próximos años, sin importar el gobierno que toque hoy o mañana.

En referencia a la comercialización de energía, en estos años se ha podido observar suficientes motivos para pensar que habrá un enjambre de individuos atrás de la energía eléctrica paraguaya, para hacer negocios. Esta situación ameritará la constante atención de la ciudadanía.

No se puede obviar que el principal problema es la corrupción que impera en las instituciones de decisiones, con agrupaciones de gran poder que no dudan en dar protección a aliados, casi sin importar en qué tipo de delitos están sumergidos. Este y cualquier gobierno debe entender que es incompatible la podredumbre política con el desarrollo de la nación, con lo que el nepotismo, prebendarismo, la impunidad y la deshonestidad en general de funcionarios debe terminar.

Las familias como las de Doña Elena y Don Edu, deben tener mejores opciones, así como los 1.300.000 habitantes en pobreza y los 290.000 en pobreza extrema. La situación de estas familias está interconectada a la realidad energética del país, al mismo tiempo que a la realidad política.

Un gobierno justo y capaz debe afrontar la realidad de manera integra y dejar de divulgar confusas propagandas que solamente generan falsas expectativas temporales, dentro de una sociedad con inmensas necesidades que augura soluciones definitivas a sus penurias.

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