El senador Dionisio Amarilla intentó defender la comisión “garrote” que preside y aseguró que la intención de eliminar la bicameral responde a los intereses de ciertos sectores y medios de comunicación que, supuestamente, están interesados en ocultar datos que se dieron a conocer en las diferentes audiencias. El parlamentario aprovechó también para arremeter contra el diputado Raúl Benítez, a quien trató de “neófito, ignorante y energúmeno”.
Un lapidario dictamen técnico elaboró el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) para la Cámara de Diputados con relación a los cambios propuestos por el senador cartista Gustavo Leite y aprobados en el Senado, en las leyes de producción y uso de alcohol de caña de azúcar. Se advertía sobre un atentado a la libertad de mercado al establecer cupos obligatorios de compras a las empresas distribuidoras de combustibles, además de otros perjuicios graves principalmente contra los consumidores finales. Las modificaciones impulsadas por el legislador colorado benefician en forma abierta y grosera al secretario de la ONG de su esposa.
La Contraloría General de la República verifica la declaración jurada del senador Gustavo Leite por posible irregularidad ante la falta de datos relacionados con la Comunidad Cenáculo, una ONG que recibió fondos de Itaipú y Tabesa. Según detalló el contralor Camilo Benítez, Leite tiene un plazo de diez días para la rectificación de las informaciones.
Durante una sesión de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), antilavado de dinero, parlamentarios cuestionaron a los medios de comunicación por críticas que se realizan hacia sus integrantes mediante una “creatividad morbosa”, según calificaron. Por su parte, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) defendió la labor de los periodistas y la libertad de expresión.
Paola Serrati de Leite, esposa del senador cartista Gustavo Leite, aparece como una de las propulsoras de una ONG que recibe millones en donación. Se trata de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo del Paraguay, que –según sus estatutos sociales– tiene como finalidad proponer y estimular el desarrollo de la solidaridad profesional y gremial entre los psicólogos del Ministerio Público, entre otros. Esta ONG, curiosamente, no está en la mira para rendir cuentas a la CBI, que es integrada por Leite y que investiga supuestamente el lavado de dinero.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se constituyen la voz de los ciudadanos ante los abusos de los gobernantes, asegura la diputada de Patria Querida, Rocío Vallejo. En esta entrevista hace un paralelo entre lo que consiguió el dictador Daniel Ortega en Nicaragua y lo que en el fondo podría aspirar el actual Gobierno de Santiago Peña (ANR, HC) de mayoría absoluta en el Congreso. La legisladora dice que si se busca transparencia más bien hay que investigar las campañas financiadas por el narcotráfico y las que se pagan con los recursos públicos.