resolucion ndeg 34

La ley de tragamonedas estipula la destrucción de esas máquinas que funcionan en las calles y comercios no exclusivos de juegos de azar, gestión a cargo de municipios. Los infractores deberán pagar un salario mínimo por cada tragamonedas de multas, y esos recursos que deberán ser destinados a un fondo para niños y adolescentes adictos a las apuestas (ludopatía).
iCrop SA pretende seguir "legalizando" tragamonedas en comercios no exclusivos de juegos de azar, tales como despensas, barberías y otros. Las máquinas "regularizadas" se identifican mediante una calcomanía con código Qr (en circulo) y se encontraron expuestas en la vía pública y sin impedimiento para el uso de menores de edad.
La normativa vigente establece que están prohibidos los tragamonedas en sitios de libre concurrencia, medida que apunta a proteger a los niños de la influencia de estas máquinas y la posibilidad de desarrollar la adicción a las apuestas (ludopatía).
La normativa vigente de juegos de azar califica de prohibido el uso de tragamonedas en las calles y comercios de libre concurrencia. La medida busca evitar que niños, niñas y adolescentes desarrollen la adicción a las apuestas (ludopatía).
Rubén Roussillón, gobernador de Presidente Hayes (ANR, velazquista), cuenta con prohibición de salir del país por aparentes hechos de corrupción en la gestión de juegos de azar.
Los tragamonedas que esten en las calles y comercios no exclusivos de juegos de azar deberán ser destruidos. Los responsables de estas máquinas deberán pagar la multa de un salario minínimo, y en caso de reincidencia, aumenta.
María Galván, presidente interina de Conajzar.
José Antonio Ortiz Baéz fue interpelado por el Senado, a mediados del año pasado. Se encuentra procesado por "regularizar" tragamonedas en sitios prohibidos, plan ya aplicado en 2011 y revocado dos años después, por tratarse de una medida ilegal.
El intendente de la ciudad de Limpio, Optaciano Gómez Verlangieri, viola la Ley N° 5282 de Transparencia Gubernamental.