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01 de Enero de 2019 10:16

 

El cuestionado “testigo” de Juan Arrom

El cuestionado ex defensor adjunto del Pueblo Raúl Marín es uno de los "testigos" de los prófugos por secuestro Arrom y Martí en la demanda contra Paraguay por "torturas". Se trata de un abogado que presentó un libro del EPP y fue imputado por invasiones.

Héctor Raúl Marín (PEN) es uno de los testigos propuestos por la representación de Juan Francisco Arrom Suhurt y Anuncio Martí Méndez, que declarará en el juicio contra el Estado paraguayo. Sostiene que la Policía Nacional los secuestró y torturó, violando el derecho al debido proceso. “Tenían que llevarlos presos y llevarlos a juicio. Pero eso no se hizo”, recalcó.

Arrom y Martí son sospechosos de haber participado en 2001 del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi. Escaparon al Brasil para huir de la Justicia paraguaya y ahora reclaman US$ 63 millones argumentando que fueron perseguidos políticos.

“Más allá que podamos discutir del caso de Debernardi, la violación a Derechos Humanos existió”, sostiene Marín, quien en ese entonces era el adjunto en la Defensoría del Pueblo y denunció irregularidades en procedimientos de la Policía. No obstante, las pesquisas del Ministerio Público no encontraron pruebas de la ocurrencia del secuestro y la tortura denunciada por Arrom y Martí.

Anuncio Martí, 2002 / Archivo, Abc Color.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) investigó el caso y en septiembre de 2017 concluyó que sí existieron violaciones de Derechos Humanos, tanto contra Arrom y Martí, como contra seis familiares de éstos; por eso, en total aparecen ocho víctimas. En su informe Nº 100/17 recomienda al Estado paraguayo un resarcimiento económico, pero no hace referencia a ningún monto.

Las supuestas víctimas piden en total US$ 63 millones y el Gobierno nacional anunció que no pagará resarcimiento alguno a prófugos de la justicia. Es por ello que el caso se elevó a la Corte Interamericana de DD.HH. (IDH), órgano jurisdiccional de la Organización de Estados Americanos (OEA) en materia de Derechos Humanos al que está sometido Paraguay mediante un tratado internacional.

Puede leer el informe completo de la CIDH aquí

En caso de que el Estado paraguayo sea condenado, le corresponde a la IDH determinar el monto de la indemnización para cada una de las víctimas, explica Marín.

Arrom y Martí están vinculados al inicio del EPP y el propio ex defensor del pueblo adjunto, en 2011, llegó a defender los postulados de la lucha armada pregonada por el grupo criminal.

Lea también: Gobierno afirma que no pagará a Arrom y Martí

Otro de los testigos es el periodista Aníbal Emery, quien adelantó a ABC Color que ratificará ante los jueces de la Corte Interamericana de DD.HH. que encontró a Juan Arrom y a Anuncio Martí encerrados en una casa y que también pudo identificar a dos policías que más tarde fueron investigados penalmente.

Fue el 30 de enero de 2002. Era cronista en Radio Ñandutí y acudió frente a una casa después de que una información extraoficial indicara que allí estaban los desaparecidos, según relató. Señaló que encontró también a las hermanas de las víctimas en la calle y lo informó al aire, Agregó que minutos después vio cómo varios policías escapaban de la vivienda. Posteriormente, decidió entrar, junto con los familiares, y encontró a Arrom y Martí encerrados en una pieza, siempre según su versión.

Leer más:  Arrom y Martí mostraron casa de los seis últimos días de secuestro (2002)

El comunicador cuenta que reconoció inmediatamente a uno de los policías: Antonio Gamarra, subcomisario del Departamento de Investigaciones de Delitos. Al día siguiente, gracias a un recorte de un diario, supo el nombre de otro más: el suboficial José David Schémbori. El periodista también declaró lo mismo en su momento ante la Fiscalía, pero las investigaciones indican que la desaparición y hasta la liberación habrían sido un montaje.

Marín y Emery declararán ante fedatario público, vía sistema affidávit. Es un acta notarial, una declaración jurada en la que con antelación se responde en forma escrita una serie preguntas establecidas por los jueces y también por las partes.

En la audiencia pública prevista para el 7 de febrero en San José, Costa Rica, solo declararán tres testigos orales y la partes presentarán también los alegatos finales en forma oral. Los alegatos por escrito se pueden presentar hasta el 8 de marzo y posteriormente los jueces de la IDH pasarán a deliberar.

Testificarán oralmente Juan Francisco y su hermana, Cristina Haydée Arrom Suhurt. De parte del Estado paraguayo lo hará el ex fiscal general del Estado Óscar German Latorre Cañete, indica la resolución del presidente de la IDH, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de fecha 17 de diciembre de 2018.

Por affidávit testificarán 23 personas: seis supuestas víctimas, entre Anuncio Martí, sus familiares y los de Arrom; diez testigos propuestos por la parte acusadora, tres testigos propuestos por el Estado paraguayo, un perito propuesto por la representación, dos peritos propuestos por Paraguay y un perito propuesto por la CIDH.

Puede leer la resolución completa de la IDH aquí

Además de Raúl Marín y Aníbal Emery, entre los testigos de la representación se destacan la actual senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) y su esposo Carlos Portillo, quienes declararán en calidad de médicos. En el 2002, Martínez era presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos.

Y entre los propuestos por el Estado paraguayo están los exfiscales Adolfo Marín, Juan Carlos Duarte y Édgar Sánchez, como así también el director forense del Ministerio Público, Pablo Ernesto Lemir, se detalla en dicha resolución.

Lazos con el EPP

No solo Arrom y Martí fueron vinculados con el EPP. En 2011, el exdefensor del pueblo adjunto Raúl Marín, quien ahora declarará a favor de ambos prófugos refugiados en Brasil, fue el encargado de presentar el libro "Programa político del Ejército del Pueblo Paraguayo", escrito por el secuestrador y líder del del grupo criminal, Alcides Oviedo. 

Lea más: Libro del EPP es lanzado cerca de la Agrupación Especializada

Durante el polémico acto de lanzamiento del documento, el abogado Marín explicó la postura del EPP y resaltó que el libro en cuestión era “un proyecto de gobierno de Alcides Oviedo”.

Leer más: Justifican los crímenes del EPP

Igualmente, Marín fue imputado al menos en dos ocasiones por sospechas de instigar invasiones de inmuebles. El caso más sonado data de 2003, cuando el entonces defensor fue detenido tras ser imputado por perturbación de la paz pública, incitación a cometer hechos punibles, apología del delito, asociación criminal, atentado contra la existencia del Estado y atentado contra el orden constitucional de la Nación.

Lea más: Detuvieron anoche a Raúl Marín por alentar invasiones

Posteriormente, en 2016, Raúl Marín fue nuevamente imputado por la invasión de dos inmuebles privados en San Lorenzo. En aquella ocasión, fue detenido y hasta se ordenó su reclusión en la Penitenciaría de Tacumbú de manera preventiva mientras duraba el proceso.

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Piden respetar derecho a la defensa

El fiscal adjunto de la Unidad Especializada de DD.HH., Ricardo Merlo, afirmó que el sistema de testificales ante fedatario público o affidávit cercena el derecho a ser oídos. El Estado paraguayo tendrá un sólo testigo oral, en tanto que la representación tendrá dos.

“La forma en que se responde, los gestos y todo eso se estudia para poder evaluar la veracidad o no de las declaraciones”, recalcó el fiscal, quien es uno de los agentes alternos del Gobierno que trabaja en la defensa de Paraguay.

Reconoció que la Corte es la que establece el monto de la indemnización en caso de condena, pero resaltó que el juicio ante la IDH no se trata de una cuestión de dinero. “Es una cuestión de que nos den el derecho a la defensa y a ser oídos (...) Pueden condenarnos, pero no nos dan el derecho a la defensa”, puntualizó.

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La defensa del Gobierno paraguayo rechaza el secuestro y las torturas denunciadas. También se respalda el trabajo del Ministerio Público, en ese entonces a cargo de Óscar Germán Latorre. Precisamente, el ex fiscal general declarará sobre la labor que hizo un equipo de fiscales que finalmente desvinculó a los policías denunciados.

Policías sobreseídos

Arrom y Martí denunciaron que fueron torturados por policías para que se declararan culpables del secuestro de María Edith Bordón. Dijeron que estuvieron privados ilegítimamente de su libertad entre el 17 y el 30 de enero de 2002.

Sin embargo, existen registros documentales sobre una denuncia de extravío de registro de conducir que hizo Juan Arrom el 19 de enero en una comisaría, por lo que no pudo estar secuestrado ese día. La Comisión Interamericana desestima esta prueba y acusa a la Policía de falsificar evidencias.

Juan Arrom y Anuncio Martí, el 30 de enero de 2002 / Archivo, Abc Color.

 

No obstante, en febrero de ese año, el Ministerio Público imputó a los policías Antonio Gamarra, José David Schémbori y Javier Benjamín Cazal Elizeche, éste en ese entonces director del Centro de Investigación Judicial, por los supuestos delitos de privación de la libertad, desaparición forzosa y tortura.

Un año después, los fiscales Adolfo Marín, Édgar Sánchez y Rubén Villalba solicitaron el sobreseimiento definitivo de los tres. Hizo lugar al pedido el ahora exjuez Silvio Reyes.

Leer más: Ratifican que no habrá juicio a Cazal, Gamarra y Schémbori (2004)

La Fiscalía argumentó que los policías tenían coartadas firmes. El escrito de sobreseimiento detalla que varios testigos indicaron que Gamarra estuvo en otros operativos, tanto el 17 de enero como en otras fechas del secuestro. También hay testimonios que confirman que Schémbori se encontraba de vacaciones en esos días y participaba en actividades familiares. En tanto que el testigo que sostuvo que vio a Cazal en la casa donde supuestamente estaban secuestrados Arrom y Martí después se contradijo.

Secuestro de María Edith

María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada el 16 de noviembre de 2001 en el parque Ñu Guasu, Luque. Estuvo 64 días en poder de la banda que hoy es conocida como EPP. Su marido, el ingeniero Antonio Debernardi, pagó US$ 1.000.000 por el rescate y fue liberada el 19 de enero de 2002.

Lea también: Martí, señalado por María Edith como su guardia implacable (2003)

El plagio extorsivo lo hizo una facción armada del Partido Patria Libre, que luego terminó por consolidarse en el grupo criminal autodenominado EPP. Juan Arrom y Anuncio Martí, dirigentes de Patria Libre, ya estaban siendo investigados semanas antes de la liberación y también contaban con pedido de captura de la Fiscalía.

Tras el escándalo en la Policía por las torturas denunciadas, Arrom y Martí siguieron bajo investigación del Ministerio Público, pero estaban en libertad. Sin embargo, dejaron de presentarse ante el juzgado y en agosto de 2003 fueron declarados rebeldes. Ya se habían escapado al Brasil. En diciembre de ese año obtuvieron el reconocimiento del estatus de refugiados por haber “demostrado o fundado temor de persecución por motivos de orden político”, recalca la nota técnica del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) del vecino país. Argumentaron una persecución política a pesar de las sospechas de participar de un secuestro y de sus conexiones con los inicios del EPP.

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Desde 2016, el Estado paraguayo viene solicitando constantemente al gobierno de Brasil la apertura del proceso de refugio para luego poder pedir una extradición, a fin de que Arrom y Martí finalmente enfrenten un juicio oral y público por el plagio de María Edith Bordón de Debernardi. Hasta el momento, toda solicitud fue denegada.

 

 
 

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