En marzo de este año 2020, cuando el covid-19 parecía algo distante, tuvimos el primer contagio en Paraguay. De inmediato, con el consejo del ministro de Salud, el Presidente de la República convocó al Equipo Económico y a los presidentes de los poderes Judicial y Legislativo para informarnos sobre la situación. En la reunión, el ministro Mazzoleni nos explicó el alcance potencial de esta enfermedad aún poco conocida, el impacto en la salud pública y planteó las recomendaciones más urgentes para contenerla.
Este es un tiempo de ver la realidad sin ambages. Nuestro país y nuestra gente nos exigen que seamos claros, planteando lo necesario para volver a la senda de desarrollo y bienestar que hemos transitado durante casi dos décadas, y que la pandemia vino a interrumpir.
Cada vez que se pretende mejorar la eficiencia y eficacia del sistema tributario surgen varias opiniones encontradas en diferentes grupos de la sociedad. Estoy convencido de que todos los sectores al final del día buscan lo mismo: resguardar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía. Todos queremos dejar un Paraguay próspero y solidario para las futuras generaciones. El desafío no se centra el qué, sino el cómo lo haremos. Nos enfrentamos a un círculo vicioso de escasez de recursos y desconfianza. Por un lado, Paraguay cuenta con una baja carga tributaria que no pasa el 10% del PIB, lo cual es insuficiente para cubrir las demandas ciudadanas. Por otro lado, acorde a un estudio del BID, la ineficiencia del gasto público se estima que es cercana al 4% del PIB. Tampoco cumplimos con el mandato constitucional de respetar la capacidad económica del ciudadano a la hora de contribuir. Nuestro sistema tributario no recoge principios de justicia y equidad, ya que los impuestos directos son los que menos inciden.
El 7 de febrero de 2019 el Paraguay cerró en Nueva York EE.UU., la colocación de bonos soberanos por US$ 500.000.000 con vencimiento en 2050, a una tasa de interés o de rendimiento del 5.4% y a un precio cercano a su valor par (99,987)*, recibiendo unos días después en sus cuentas el producido de la operación. Se introdujo en la estructura financiera, tres amortizaciones consecutivas en los años 2048, 2049 y 2050; lo que facilitará el manejo de su portafolio mitigando los riesgos.
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La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) es un compromiso interno y externo del Paraguay con sus ciudadanos, sus agentes económicos y sus acreedores internacionales. Esta Ley vino a complementar el hueco que faltaba a todo el trabajo de fortalecimiento de la economía paraguaya, pues le dice al mundo los límites dentro de los cuales el Estado Paraguayo en su conjunto va a manejar sus finanzas públicas.
La Ley 1535/99 de Administración Financiera define al Presupuesto como un todo, no como partes independientes, sino como un sistema armónico de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento, que permite el debido funcionamiento del Estado. Al establecer la Constitución Nacional y la mencionada ley, la repetición del Presupuesto aprobado en el 2016 para el ejercicio 2017, a consecuencia del veto total aceptado por una de las Cámaras del Congreso, la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales está debida y legalmente aprobada por el Congreso.