Cada vez que aparecen atrasos en los pagos a contratistas y proveedores del Estado, se buscan explicaciones parciales: la imputación incorrecta de los fondos, la burocracia o incluso el gobierno anterior. Pero después de 30 meses, ninguna de esas razones explica lo que está ocurriendo. La imputación errónea es marginal. El pasado ya no determina el presente.
Paraguay aparece en el Organized Crime Index 2025 como el 4º país más afectado por el crimen organizado en el mundo, solo detrás de Myanmar, Colombia y México. Este dato debería encender todas las alarmas: el país se ha convertido en un modo estratégico para el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero, con redes criminales que penetran cárceles, partidos políticos y gobiernos locales.
En marzo de este año 2020, cuando el covid-19 parecía algo distante, tuvimos el primer contagio en Paraguay. De inmediato, con el consejo del ministro de Salud, el Presidente de la República convocó al Equipo Económico y a los presidentes de los poderes Judicial y Legislativo para informarnos sobre la situación. En la reunión, el ministro Mazzoleni nos explicó el alcance potencial de esta enfermedad aún poco conocida, el impacto en la salud pública y planteó las recomendaciones más urgentes para contenerla.
Este es un tiempo de ver la realidad sin ambages. Nuestro país y nuestra gente nos exigen que seamos claros, planteando lo necesario para volver a la senda de desarrollo y bienestar que hemos transitado durante casi dos décadas, y que la pandemia vino a interrumpir.
Cada vez que se pretende mejorar la eficiencia y eficacia del sistema tributario surgen varias opiniones encontradas en diferentes grupos de la sociedad. Estoy convencido de que todos los sectores al final del día buscan lo mismo: resguardar la calidad de los servicios públicos y el bienestar de la ciudadanía. Todos queremos dejar un Paraguay próspero y solidario para las futuras generaciones. El desafío no se centra el qué, sino el cómo lo haremos. Nos enfrentamos a un círculo vicioso de escasez de recursos y desconfianza. Por un lado, Paraguay cuenta con una baja carga tributaria que no pasa el 10% del PIB, lo cual es insuficiente para cubrir las demandas ciudadanas. Por otro lado, acorde a un estudio del BID, la ineficiencia del gasto público se estima que es cercana al 4% del PIB. Tampoco cumplimos con el mandato constitucional de respetar la capacidad económica del ciudadano a la hora de contribuir. Nuestro sistema tributario no recoge principios de justicia y equidad, ya que los impuestos directos son los que menos inciden.
El 7 de febrero de 2019 el Paraguay cerró en Nueva York EE.UU., la colocación de bonos soberanos por US$ 500.000.000 con vencimiento en 2050, a una tasa de interés o de rendimiento del 5.4% y a un precio cercano a su valor par (99,987)*, recibiendo unos días después en sus cuentas el producido de la operación. Se introdujo en la estructura financiera, tres amortizaciones consecutivas en los años 2048, 2049 y 2050; lo que facilitará el manejo de su portafolio mitigando los riesgos.
La Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) es un compromiso interno y externo del Paraguay con sus ciudadanos, sus agentes económicos y sus acreedores internacionales. Esta Ley vino a complementar el hueco que faltaba a todo el trabajo de fortalecimiento de la economía paraguaya, pues le dice al mundo los límites dentro de los cuales el Estado Paraguayo en su conjunto va a manejar sus finanzas públicas.
La Ley 1535/99 de Administración Financiera define al Presupuesto como un todo, no como partes independientes, sino como un sistema armónico de ingresos, gastos y fuentes de financiamiento, que permite el debido funcionamiento del Estado. Al establecer la Constitución Nacional y la mencionada ley, la repetición del Presupuesto aprobado en el 2016 para el ejercicio 2017, a consecuencia del veto total aceptado por una de las Cámaras del Congreso, la emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales está debida y legalmente aprobada por el Congreso.