Durante años, el déficit del 1,5% fue presentado como señal de disciplina fiscal. Pero ese número no reflejaba toda la realidad: parte de las deudas se fue postergando fuera de las cuentas oficiales. Hoy, con pagos anunciados, uso de factoring y presiones sobre el presupuesto, esa deuda empieza a hacerse visible —y el costo llega a la economía y a la gente.
La corrupción cae por su propio peso, eso lo saben los directivos de la VW, que engañaba al público manipulando los test de emisión de gases tóxicos de los autos diésel, que contaminaban 40 veces más de los estándares permitidos por la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA) y la ayudó a posicionarse en el exigente y competitivo mercado norteamericano. La VW fue alertada del estudio, según el Financial Times, pero desechó la información.
Recientemente el editorial del NY Times aplaudía la decisión de incrementar el salario por hora para las empresas del sector de comida rápida en la ciudad de Nueva York, de $ 9 a $ 18 para el año 2018, declarando una gran conquista para el sector. Llaman la atención la duplicación del monto mínimo, el proceso gradual de aplicación y el apoyo a la medida, que es percibida como justa por la población.
En un reciente artículo, The Economist titulaba “La pérdida de El Dorado” (The loss of El Dorado, Jul 3rd, 2015), en alusión a la búsqueda de oro en la conquista, la situación actual de desaceleración económica regional, causada por el fin del boom de commodities, atizada por la industrialización china. El pujante y efímero ritmo de crecimiento de la región y el mundo estimula a un repensar y actuar de manera diferente, dado que por segunda vez la esperada bonanza se evapora entre los dedos.
La intención de extender la aplicación del IVA a las actividades crediticias de las cooperativas por parte del Gobierno genera reacciones y comentarios pendulares, tal vez en el intento de llegar a una decisión intermedia, que amerita un análisis profundo y la comprensión de la situación para la aplicación de estrategias de políticas públicas efectivas para fomentar el bienestar, lo que hoy se conoce como compartir la prosperidad.
El pasado 24 de febrero de 2015 la Moody’s, una agencia calificadora de riesgos, redujo los pronósticos para el repago de la deuda de Petrobras de Brasil a una calificación de bonos basura –junk–. El 15 de abril de 2015 el director financiero paraguayo de la IB, Miguel Gómez, anunció que la perspectiva de calificación de la IB fue revisada por la Fitch, que pasó de estable a negativa, aunque manteniendo la calificación de grado de inversión. Cuando cambia la perspectiva –outlook– el paso siguiente es bajar o mantener la calificación. En una calificación de riesgo tiene importancia quién es el accionista mayoritario, si es un holding de empresas o un país soberano. En este caso, la situación brasileña tras el escándalo de la Petrobras y las perspectivas poco alentadoras de crecimiento de su economía afectan la calificación.
Desde hace algunos años, el Paraguay cuenta con legislación para exigir a las empresas del sector financiero –bancos, financieras, aseguradoras– la calificación de sus riesgos, así como toda emisión de valores de oferta pública. Una calificación de riesgo es la medida de la capacidad para devolver el pasivo y es el resultado de una evaluación de varios indicadores que dicen al inversor la orientación para decidir dónde invertir, depositar, comprar títulos o valores en oferta pública.
El crecimiento de la economía americana parece robusto, pero no puede decirse lo mismo del resto del mundo. Los altos niveles de deuda asiática impiden una recuperación sólida; Europa se estanca y la demanda global sigue siendo inadecuada. No se vislumbra al país que actuará como la locomotora económica. La FED teme que la presión aumente y tenga que subir drásticamente sus tasas, arriesgando un error de política económica.
Las discusiones en la prensa en los últimos días sobre la vigencia del SOAT se basan simplemente en el rol de las instituciones: en el BCP, la Superintendencia de Seguros, las municipalidades. Si bien es importante; sin embargo, encubre la discusión de fondo –el caracú– de un aspecto de la norma, que atenta contra el objetivo mismo de la ley: la indefensión del accidentado en caso de accidente, aún abonando una póliza de seguro.