El déficit fiscal del 1,5% del PIB se presenta como una señal de disciplina y orden en las cuentas públicas. Pero para entender qué significa realmente, conviene hacer una pregunta simple: ¿cómo se construye ese número?
En la práctica, una parte importante de ese “déficit bajo” se logra postergando pagos. Es decir, el Estado no cancela todas sus obligaciones en el momento en que se generan —a proveedores de medicamentos, constructoras o servicios— y esas deudas quedan para más adelante.
Eso permite que el gasto no aparezca completamente en las cuentas del año. Pero la deuda no desaparece.
El déficit no se reduce. Se traslada.
¿Quién paga el costo de trasladar el déficit?
Cuando el Estado posterga pagos, ese costo no desaparece: se traslada.
Primero lo absorben las empresas proveedoras —farmacéuticas, constructoras y prestadoras de servicios— que no cobran a tiempo y deben endeudarse o reducir su actividad.
Luego impacta en las obras públicas, que se frenan, se encarecen o directamente no se realizan.
Y finalmente lo paga el ciudadano, a través de servicios de menor calidad, demoras o mayores costos.
Es decir, el problema no se resuelve: se desplaza… y vuelve.
Es como pasar gastos de la tarjeta al mes siguiente para que el resumen actual parezca más bajo. El problema no desaparece: se acumula y, con el tiempo, se vuelve más caro.
Por eso, un déficit fiscal bajo en los papeles no siempre significa que las cuentas estén ordenadas. Puede significar que parte del problema se está postergando.
A medida que esas deudas se acumulan, el Estado enfrenta una presión creciente para cerrar la brecha. Y eso, tarde o temprano, implica encontrar recursos: más endeudamiento, más refinanciamiento o mayor presión tributaria.
Es decir, el costo que hoy se posterga termina apareciendo. Y lo paga la gente.
Cuando la deuda aparece
En los últimos días, el Ministerio de Economía anunció el pago de USD 180 millones a farmacéuticas, el uso de mecanismos como el factoring para cubrir deudas acumuladas y la creación de una comisión para monitorear esos pagos.
A primera vista, puede parecer una señal de gestión. Pero en realidad, es algo más profundo: es la aparición de una deuda que ya existía.
No se trata de un gasto nuevo. Son obligaciones que se fueron acumulando pero que no se reflejaban como deberían en las cuentas oficiales. Lo que hoy se paga —o se intenta financiar— es el resultado de cómo se venían gestionando esas obligaciones. Hoy, esa deuda comienza a salir a la superficie.
El gasto no desapareció. Se postergó.
Es como una especie de contabilidad en negro: las obligaciones existen, pero no siempre aparecen en el momento en que deberían.
En este contexto aparecen herramientas como el factoring, que permiten que las empresas cobren antes, a través de los bancos. Solo cambia quien espera cobrar —y generalmente a un mayor costo.
Puede ser útil en el corto plazo, pero no cambia el problema de fondo: la deuda ya existía. Además, suele implicar un mayor costo financiero y traslada el problema hacia adelante.
Es una solución para la empresa que necesita cobrar, no para el problema fiscal del Estado.
El punto central es que las cifras del déficit fiscal no estaban mostrando toda la realidad.
Esto tiene consecuencias concretas. La deuda acumulada ya impactó en proveedores, en la provisión de medicamentos y en el funcionamiento de servicios esenciales. Hoy ese problema se traslada al presupuesto y obliga a buscar recursos.
Porque el pago de esos USD 180 millones no es un gasto nuevo. Son deudas que ya existían. Y alguien tiene que pagarlas: con más deuda, con reordenamientos del gasto o, eventualmente, con mayor presión tributaria.
El punto no es si el déficit debe ser 1,5% o 3%. El punto es que ese número refleje la realidad.
El déficit fiscal parecía bajo. Pero la deuda igual crecía.
Y ahora está empezando a mostrarse.
Sin transparencia, no hay credibilidad.
Sin credibilidad, no hay política fiscal que funcione.