Existe una gran preocupación, que resalta con más interés en el sector de los negocios y círculos empresariales, sobre la determinación que debería tomar el Paraguay con relación a la desvinculación o la permanencia en el Mercosur. Hace unos días, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya ha afirmado que “debemos darnos cuenta de que el Mercosur no dio resultados positivos; al contrario, nos mantuvo con una anestesia lenta y persistente, al grado que no nos dábamos cuenta de que los otros crecían y nosotros estábamos estancados y muriendo felices”. Si bien es una opinión de un sector importantísimo del país, existe también otra muy diferente; pero no puede negarse que el sector privado, sorprendentemente, se ha adelantado al político. Esta situación obliga al Paraguay a encarar la disyuntiva, por una de las cuales hay que optar: si abandonar o seguir el carro del Mercado Común del Sur.
El juicio político es un instrumento de la Constitución paraguaya, un “proceso excepcionalísimo” cuya fuente es el “impeachment” del sistema constitucional norteamericano. No es un juicio judicial, sino uno de los controles esenciales del Parlamento sobre los actos de los miembros del Poder Ejecutivo y de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Es uno de los pilares de una república para dilucidar la responsabilidad política de los gobernantes, como bien lo enseña Karl Loewenstein.