La Corte Suprema de Justicia, en un hecho poco común en las instituciones públicas, denunció la presencia de planilleros en el Poder Judicial. En la sesión del pleno del lunes pasado, el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, habló de que se tienen pruebas y documentaciones respaldatorias.
A las 14:00 de hoy se iniciarán los alegatos finales y posteriormente el Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga, dará a conocer la sentencia en la causa donde se encuentra acusado por lesión de confianza el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.
La semana pasada prestaron declaración las víctimas de las supuestas torturas que sufrieron en mayo de 2000: los efectivos policiales Alfredo Cáceres y Jorge López. Ambos indicaron que el exministro del Interior Walter Bower estuvo en la sede de la Infantería de Marina.
Septiembre se inicia con casos muy importantes que podrían definirse en el ámbito judicial. El caso denominado audios, cuya preliminar empieza hoy, definirá si Óscar González Daher deberá afrontar juicio oral. Otro político que se sentará en el banquillo de acusados es el senador liberal Enrique Salyn Buzarquis.
Una vez culminada la etapa incidental, en la que los acusados buscan que el juicio al exministro del Interior Walter Bower no avance, se prevé que se inicie la etapa de declaración de testigos. Más de 100 fueron propuestos, entre ellos el expresidente de la República Luis A. González Macchi, el senador Juan C. Galaverna, el presidente de la Justicia Electoral, Jaime Bestard, y el exministro de la Corte Luis Lezcano Claude.
Mañana debe iniciarse el juicio oral y público al exministro del interior Walter Bower y a los entonces comisarios Merardo Palacios y Osvaldo Vera, acusados por hechos de tortura en mayo del 2000. La excepción de inconstitucionalidad que plantearon no es impedimento para que inicie el juicio, pero el Tribunal no podrá dictar sentencia sin que ser resuelva.
La Cámara de Apelaciones, primera sala, anuló la resolución de la jueza penal de garantías Magdalena Narváez, quien había resuelto la libertad del diputado colorado Ulises Quintana, imputado por supuestamente formar parte de una organización dedicada al tráfico de drogas. El juez José Delmás resolverá si acepta o no la causa.
Para evitar el hacinamiento en las cárceles del país los diferentes poderes del Estado trabajaron en la modificación del artículo 245 que, según alegaron, era el principal causante de los problemas en los penales. También se hicieron modificaciones temporales en los plazos procesales de los artículos 129,141 y 251 para evitar el colapso que, según argumentaron, se vendrán tras su puesta en vigencia.