Al menos es lo que consta en un informe del 23 de setiembre, elaborado por la entidad de control de las compras del Estado.
En varias partes del escrito la DNCP dice que CG Tec SA y Bullers SA “ya tenían que haber cumplido con la totalidad de los compromisos contractuales con la telefónica y que tampoco tienen constancias de los cursos de capacitación comprometidos, por lo que corresponde remitir los antecedentes al Departamento de Sumarios”.
Llama la atención que se diga también que no amerita una investigación de oficio. “Debe disponer el cierre de la presente denuncia conforme al Art. 17 del Decreto 7434, que establece la desestimación de la denuncia en el caso de que no existan méritos suficientes para el inicio de una investigación de oficio, haciendo la salvedad de que el presente dictamen, al igual que los antecedentes del mismo, serán remitidos al Departamento de Sumarios de la DNCP, a los efectos pertinentes”, concluye el documento firmado por la directora jurídica María Otazo y por la jefa del departamento de investigaciones Ana Alonso.
Esta es la segunda investigación de la DNCP sobre los contratos de Chamorro Lafarja con Copaco. La primera vez fue a fines de agosto. Esa vez no encontró “méritos suficientes para investigar”. En esta oportunidad detectó que hubo incumplimientos, retraso de tres meses, que ameritan multas que rondan los G. 164 millones.
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