Los recursos genuinos que aún dispone el Ministerio de Hacienda se destinan al pago de los salarios correspondientes al mes de marzo, que se pagan desde el martes último, y de otros gastos de funcionamiento del Estado. El ministro de Hacienda, Benigno López, en declaraciones al programa “Periodísticamente”, que se emite por ABC Cardinal (AM 730), explicó ayer que en este tiempo de cuarentena la recaudación cayó 50% y que seguir recaudando ya no será posible, por lo que con los préstamos a ser obtenidos mediante la “Ley de Emergencia” se asegurará el funcionamiento del Estado.
López indicó, para tranquilidad del sector público, que los sueldos de abril se pagarán con los fondos provenientes de los créditos y así sucesivamente al siguiente mes. En ese sentido, informó que el Banco Central del Paraguay (BCP) otorgó al Tesoro un adelanto de US$ 500 millones y que parte de esto será utilizado a la referida finalidad.
Estos fondos luego serán devueltos con el crédito a ser conseguidos de los organismos internacionales, como lo establece la ley promulgada.
El ministro destacó que solo se abonarán el salario y algunas bonificaciones que corresponden, no así aquellos beneficios extras como ayuda por casamiento, vacaciones o ayuda alimentarias, entre otros.
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Con respecto a las críticas de que el sector público es el que menos sacrificio hará, ya que todo el peso de la crisis recae sobre el sector privado, López defendió a los funcionarios y señaló que también les afecta porque no recibirán el plus salarial y esto tendrá un impacto en sus ingresos de entre el 15% a 30%, lo que calificó de “sacrificio importante”.
El crédito del BCP es parte del nuevo endeudamiento de hasta US$ 1.600 millones que se le autoriza al Estado a través de la “Ley de Emergencia” para mitigar los efectos en la salud y en la economía de la pandemia del coronavirus.
Estos recursos, según el ministro había manifestado vía Twitter, US$ 530 millones irán al sistema de salud, US$ 100 millones para el empleo formal y US$ 300 millones para el sector informal y, el resto, unos US$ 670 millones, al funcionamiento del Estado (incluye el pago de sueldos).
Eliminaron prohibición de aumento
El Congreso decidió eliminar un párrafo del texto original relacionado a la prohibición de aumento salarial por déficit fiscal. La “Ley de Emergencia” aprobada autoriza a sobrepasar el tope de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, pero eliminó la parte que dispone que la convergencia al tope se hará en un plazo máximo de 4 años y que durante este periodo quedaba prohibido todo aumento salarial destinado al personal público (con algunas excepciones). Con esto, el próximo año se tendrá vía libre para subir los sueldos, aún con un elevado saldo rojo de las finanzas públicas y un nivel de endeudamiento cercano al 30% del PIB por los préstamos que serán obtenidos.