Lo hizo porque Vetorial SA, que alquiló la planta de Acepar en 2014, le exigió “montar la oficina en otro lugar por una suerte de dualidad”, explicó Vinader.
Según los datos, la residencia pertenece a María Selva Ochipinti y está ubicada en la calle Profesor Riquelme 1990 y Juan XXIII. Desde el 2016 hasta abril de este año, el contrato de alquiler era de US$ 2.200 al mes y desde mayo subió a US$ 2.400, según dijo.
Esto significa que solo en alquiler la administración judicial gastó al menos US$ 72.000 (G. 424.800.000 al cambio actual de G. 5.900 cada dólar).
En dos años (abril de 2016 a abril de 2018) la erogación en alquiler sumó US$ 52.800 y en lo que va de este año (de mayo a diciembre) un total de US$ 19.200.
Lo paradójico es que la administración judicial fue echada de la planta de Acepar por la empresa brasileña Vetorial SA, que tampoco pagaba por el alquiler.
La firma brasileña debía pagar US$ 400.000 al mes y al irse en diciembre del año pasado dejó una deuda de alquiler por la suma de US$ 8,5 millones. Es decir que los dueños de Vetorial apenas pagaron una ínfima parte al administrador judicial y en contrapartida dejaron deudas de alquiler y con proveedores, Hacienda y Ande que superan los US$ 18 millones.
El interventor judicial está vendiendo toneladas de chatarras y otros residuos industriales por precios irrisorios, según fuentes técnicas. Con esta venta de chatarras iniciada en marzo de este año, para solventar gastos salariales de los 570 operarios de Acepar, según Vinader, la administración judicial recaudó al menos un millón de dolares.