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El asesor legal de los anunciantes, abogado Miguel Ángel Aranda, afirmó que este proyecto fue concebido originalmente para proteger la salud de la población infantil y adolescente, por medio de la promoción de una alimentación saludable y prevención de sobrepeso y la obesidad en establecimientos de educación inicial, escolar básica y media. Además, regular el expendio de alimentos en centros educativos del país y reglamentar la publicidad de los mismos dirigida a niños y adolescentes.
El objetivo y alcance de los proyectos de ley se circunscribían y limitaban al ámbito de establecimientos educativos, pero, “lamentablemente y por razones desconocidas, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados no se compadece del espíritu de los originales presentados, terminando por desnaturalizar totalmente el propósito buscado”, alertó.
Afectará a productores o importadores
Advirtió que si dicho plan se convierte en ley sería “de aplicación obligatoria” a todas las personas naturales o jurídicas que producen, fabrican, importen, suministren, distribuyan, y/o comercialicen alimentos destinados al consumo humano, así como a los responsables de la publicidad de dichos productos. Alertó que también el proyecto prevé medidas regulatorias y fiscales que supuestamente buscan aumentar la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables y reducir el acceso a productos no saludables.
Además, establece diseñar e implementar políticas públicas relacionadas con la producción de alimentos de la agricultura familiar, orientada hacia el cumplimiento de las pautas de una alimentación saludable, y determina “aranceles impositivos diferenciados” para alimentos con alto contenido calórico y/o en sodio y de bajo valor nutricional, entre otros.
Avisó que, de sancionarse, la ley podría aplicarse de forma discrecional y sin parámetros objetivos para establecer a qué alimentos se aplicarán aranceles impositivos diferenciados, sin determinar tampoco cuáles serían estos niveles arancelarios. Cabe recordar que a este proyecto, aprobado en 2015 por Diputados, se sumó desde este año otro, denominado “de optimización de servicios a la atención al cliente”, impulsado por el diputado Dionisio Amarilla. La propuesta fue calificada de “demencial” por el gremio empresarial.