En la mayoría de las veces, la falta de estudios y proyectos viales más acabados y diseños poco elaborados, a lo que habría que sumar muchas veces una fiscalización poco eficiente durante la construcción, son las causas del estado destrozo que presentan muchas de las rutas al poco tiempo de su entrada en servicio, que ocasionará después enormes gastos que desangran a los contribuyentes para mantener las carreteras.
En nuestro país, inexplicablemente las consultoras gozan de cierta libertad para modificar uno o varios ítems del contrato, crear trabajos no previstos, hasta incorporar trabajos complementarios de características muy distintas.
Tales maniobras no serían posible sin la complicidad de las autoridades de turno del Ministerio, y salvo que se ponga un coto a estos multimillonarios negociados viales, se seguirá hipotecando a las futuras generaciones de paraguayos.
Resulta muy llamativo que los “errores” de las consultoras, en todos los casos, terminan por incrementar de manera más o menos significativa el costo de las obras.
No existen antecedentes de lo contrario, es decir, que el monto del contrato haya disminuido después de adjudicada la obra gracias a estas correcciones.
Igualmente, las “modificaciones de obras” conllevan la ampliación de los plazos de ejecución, y como es sabido; “obra que se prolonga en el tiempo es obra que se encarece”.
Además, la empresa fiscalizadora responsable de “corregir” los errores del proyecto es otra consultora contratada por el Ministerio.
Esto explicaría la libertad para manipular los proyectos durante la construcción que luego justifican correcciones y ampliaciones sustanciales que terminan por inflar los costos.
A veces los defectos de diseño “aparecen” regularmente solo para justificar las prórrogas de plazos sin importar encarecer la obra.
Quién le pone el cascabel al gato
Normalmente, las empresas consultoras son siempre las mismas, pero lo que resulta inaudito es que después de que estas corporaciones incurren en reiteradas “equivocaciones” (cuyas consecuencias terminan pagando el contribuyente), jamás hayan sido cuestionadas por las autoridades de turno del Ministerio y, sospechosamente, continúen precalificando sin cuestionamiento alguno en las siguientes licitaciones.
En otros países, conscientes de que pueden haber errores deliberados (que en la jerga vial comúnmente se conocen como licitaciones “preparadas”) u otros tipos de contubernios, las autoridades ministeriales llevan un registro detallado de los mismos y proceden a borrar a las consultoras del registro de proveedores del Estado, así como a sus representantes técnicos, cuando comprueban que las correcciones que aparecieron después como necesarias de introducir en los diseños viales, obedecen a estudios deficientes, imprecisiones en el proyecto u otras negligencias.
En nuestro país el MOPC nunca amagó siquiera con medida alguna para desmontar estas “roscas” que históricamente saquearon al Fisco.
Podríamos decir entonces, que hasta la fecha “ningún ministro tuvo el coraje suficiente “para ponerle el cascabel al gato”, como dice el conocido refrán.
El taxímetro jamas se detiene
Partiendo de la base que las consultoras siguen cobrando sin importar el tiempo de paralización de los trabajos (o tiempo muerto), el MOPC debería exigir un mayor compromiso a estas corporaciones.
Teniendo en cuenta las inexplicables prebendas de las que gozan las consultoras, el Ministerio debería contar con mecanismos para detener el “taxímetro” cuando los trabajos se suspenden para “rehacer” el proyecto, o cuando baja el ritmo de obras para “adecuar” los cambios, renegociar el contrato, traspaso del mismo, u otras eventualidades.
El caso de la Ruta V Cuero Fresco-Concepción es claro ejemplo de ello: El primer tramo, Cuero Fresco-Horqueta, concluyó en tiempo y forma, pero el segundo tramo, Horqueta-Concepción tuvo un sobrecosto del orden del 130% debido, en primer lugar, a que la construcción de este tramo sufrió una considerable demora por la rescisión del contrato de ejecución con la empresa argentina EACSA.
Luego sobrevino una serie de traspasos y las “infaltables” mejoras hechas al proyecto ejecutivo, proyecto en el que las marchas y contramarchas provocaron un atraso de más de cuatro años, e hizo que el gasto por fiscalización, pagado al final de los trabajos, casi equiparara al costo de construcción del primer tramo arroyo Cuero Fresco-Horqueta.
El responsable de la fiscalización de estas obras fue el consorcio consultor Paralec-Foragro-Porto Real (que figura como la autor del proyecto de Mdme. Lynch) y, como es fácil deducir, para estas corporaciones solo vale la “política del taxímetro” y en todos los casos el único perdedor es el contribuyente.
Llamativamente, ni siquiera hubo un llamado de atención a la consultora responsable de manipular los tiempos, lo que definitivamente confirmaría que estas “asociaciones” resultan inmunes a cualquier norma regulatoria.
ccaceres@abc.com.py