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La decisión de llegar con esta denuncia hasta la Fiscalía obedece a que la actuación de cada uno de los supuestos involucrados ha quedado muy clara, en algunos casos de forma pública y en otras a través de documentos que ya están ahora a la vista del Ministerio Público; y en el caso de la Secretaría de Cultura y su Dirección de Patrimonio, hay una situación también grave, pues son las encargadas de defender lo que aquí se ha atropellado, dijo ayer a nuestro diario el Abog. Luis C. Jara, denunciante junto a sus colegas Constantino Rodríguez, Atilio Rodríguez y Eusebio Servián Ocampos.
“Es una lástima todo lo ocurrido, porque yo mismo envié a dicha Secretaría una denuncia el 27 de setiembre de 2012, advirtiendo de la decisión del MOPC de invadir 6,3 km de la franja de dominio del ferrocarril en la zona de Ñu Guasu. El caso llegó a la opinión pública a través de una publicación del diario ABC Color, el 30 de setiembre, un domingo, y allí las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y de Fepasa corrieron a redactar y firmar un convenio de cooperación interinstitucional, con fecha 3 de octubre, para dar en usufructo el terreno por 30 años para una autopista. Todo fue para guardar las apariencias”, añadió.
Recién una vez que todo estaba cocinado, el día 4 de octubre salió la directora de Patrimonio, Gilda Urbieta, a responder la denuncia del día 27 de setiembre, en una reunión de prensa en la que dio a conocer una extraña decisión por la que por una parte solamente “recomienda” que el MOPC “deje como testigo material el trayecto histórico del ferrocarril” y al mismo tiempo disponía que las vías a levantarse sean inventariadas y luego trasladadas a un lugar seguro.
Al respecto, el denunciante resaltó que los constructores de la autopista no solo levantaron las vías y durmientes, sino que hicieron desaparecer totalmente el trazado histórico, en un trabajo hecho a la vista de todos los que querían verlo desde el 9 o 10 de octubre, es decir pocos días después de la “bendición” de la gente de Cultura, que al final resultó ser una “extremaunción”.
Los denunciados
Además de Urbieta, la denuncia responsabiliza de esta acción a la ministra Graciela Bartolozzi. A nivel más general, las acusaciones por delitos como apropiación y lesión de confianza se dirigen contra el ministro de Obras Públicas, Enrique Zalyn Buzarquis; su viceministro Juan Max Rejalaga; el director de Vialidad, Favio Riveros; el procurador Pedro Valiente Lara, y el presidente de Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), Marcelo Wagner.
La denuncia expone disposiciones de varias leyes que supuestamente fueron violadas por estas autoridades.
Se designó a una fiscala
La fiscala Raquel Brítez fue designada ayer por el Ministerio Público para llevar las investigaciones en el caso de la denuncia presentada esta semana por el retiro de las vías y la desaparición del trazado histórico en la zona de Ñu Guasu, entre la Estación Botánico y las cercanías del Hotel Bourbon, en Luque, donde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) construye una autopista de seis carriles. Así informaron ayer fuentes cercanas al grupo de abogados denunciantes, algunos de los cuales tratarían de entrevistarse hoy con la citada fiscala. “Sobre la depredación del ferrocarril hay mucho más”, dijeron.