Se trata del emprendimiento cuya fuente de financiamiento son los US$ 50 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos y que en su momento fue muy promocionado por el anterior ministro del MAG, Jorge Gattini.
A través de esta iniciativa, los pequeños agricultores podrían acceder a infraestructura para la producción, con 70% de subsidio estatal y solo 30% de crédito, que se deben pagar al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH). De ahí la denominación “70/30”.
Sin embargo, lo que parecía una gran oportunidad para productores y para empresas proveedoras que debían encargarse de las inversiones, resultó ser un plan con falencias y limitaciones, de acuerdo con los datos a los que accedimos.
Según dijeron ayer estas firmas proveedoras, los problemas se iniciaron a raíz de los retrasos del MAG en el pago desde setiembre del año pasado, durante la gestión de Gattini. Entonces se estableció la siguiente modalidad de trabajo: el pequeño productor debía abonar el 30% del monto de inversión a la empresa proveedora de su elección y esta debía realizar y ejecutar toda la obra, absorbiendo incluso la financiación del 70% restante.
Recién al terminar las infraestructuras (invernaderos, sistemas de regadíos, pozos, etc.) la cartera debía reembolsar al proveedor, lo cual en numerosos casos no se dio y derivó en la falta de capital de las firmas y la imposibilidad de que cumplan con todos los demás proyectos para los que se comprometieron.
Culpa compartida
En conversación con el ministro Baruja, explicó a nuestro diario que hay una responsabilidad compartida en los inconvenientes surgidos con el crédito “70/30”.
Por un lado, las empresas se comprometieron a absorber la financiación y firmaron varios contratos en simultáneo, sin tener la capacidad para cumplir con todos ellos, y por el otro, también el MAG debió verificar la solvencia de las proveedoras, de modo a limitar la cantidad de trabajos que podían adjudicarse a cada una de ellas, pero no lo hizo.
“Con el 30% que recibían de los productores, las empresas proveedoras debían terminar el proyecto, para después poder cobrar el 70%, pero no sabían que iba a tardar el pago del MAG, creían que cobrarían en 15 a 22 días, y hubo un atraso en la entrega de las demás inversiones”, indicó el secretario de Estado.
Reconoció que la exigencia del ministerio fue muy alta, al establecer que las firmas debían absorber la mayor parte del costo, por lo que ahora se están analizando nuevos mecanismos para aplicar a este emprendimiento. Una alternativa podría ser la entrega de anticipos contra avance de obras, como se realiza en el sector de la construcción.
En cuanto a la situación de los pequeños productores, explicó que los plazos para pagar sus créditos comenzaron a vencerse antes de que reciban las infraestructuras de producción y, por consiguiente, sin tener aún las cosechas. Por ello, el MAG solicitó al Crédito Agrícola una reprogramación de los cronogramas de pago. Sobre las empresas proveedoras, dijo que verificarán las obras y pagarán por las concluidas.
Según los datos, unos 700 proyectos de inversión se deben realizar con los US$ 50 millones de los bonos, pero hasta el momento solo se han adjudicado unos 200.