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Exhibieron los títulos de sus tierras y anunciaron un tractorazo en protesta por la falta de garantía y respeto a la propiedad privada. Los labriegos, cuyas propiedades están ocupadas, disponen entre 10, 15 y 20 hectáreas y exigieron garantías al Estado.
Los ocupantes ilegales del predio reclaman 170 hectáreas, que supuestamente son públicas. Sin embargo, el titular del Indert, Horacio Torres, había dicho que son propiedad privada.
Los colonos comentaron que años atrás habían recurrido a la justicia, logrando un interdicto, pero aun así la ocupación siguió y en muchos casos no pueden entrar en sus inmuebles a sembrar o a cosechar.
“No nos permiten ingresar. Además, alambraron una vía pública impidiendo la entrada al lugar y están apostados con armas de fuego”, dijo Jair Weber.
Indicaron que el fiscal Alfredo Daniel Mieres, presionado por algunos senadores, imputó a varios colonos propietarios de los inmuebles y sus familiares, antes que a los ocupantes del predio que habían sido denunciados.