Fiscalía hace caso omiso a reportes de Contraloría

El Ministerio Público hace caso omiso a los reportes de hechos punibles que remite la Contraloría de la República. Solamente en el caso de la Essap y Copaco, le envió seis casos concretos que suman perjuicios económicos al Estado por unos G. 4.500 millones. Solo un caso de la telefónica está en etapa de juicio oral.

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En algún armario del Ministerio Público, desde hace varios años se van acumulando los reportes de hechos punibles contra del erario público emitidos por la Dirección de Auditoría Forense, a cargo de Roy Rogers Canas, dependiente de la Contraloría de la República.

Contados son los casos investigados por el Ministerio Público. Uno de ellos fue el que involucró a la empresa extranjera T-Systems GmbH, representada por el argentino Ricardo Bensignor, y la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), para la provisión de sistema de facturación. Tres informes remitió a la Fiscalía la Contraloría, indicando perjuicios económicos que rondan los G. 4.000 millones.

Por esas cosas raras de los investigadores fiscales se procesó a todos los expresidentes, desde 2005 hasta 2008, así como a los altos funcionarios, pero solamente una persona fue a juicio oral: Jorge Magno Candia, porque no ejecutó la póliza por la serie de incumplimientos del contrato en los que incurrió la citada empresa extranjera. El caso está a cargo del fiscal Martín Cabrera. Un primer reporte de octubre de 2007 indica un perjuicio patrimonial en contra de la Copaco por 372.348 euros. El importe corresponde a la compra del módulo DATOS CIS y al monto de la Licencia de Actualización de DATOS 3, en el marco del Contrato N° 131/2005, que había otorgado Omar Ramos, en forma directa, sin licitación por “razones de urgencia”. Un reporte anterior, de junio de 2007, sobre el mismo caso, indica perjuicios por G. 1.388.998.038. Se relaciona con pagos de impuestos a T-Systems que no fueron declarados a la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Con relación a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), los cuatro reportes suman daños por G. 400 millones. Dos de los casos involucran al empresario Julio Mendoza.

También hay informes sobre daños patrimoniales en ANDE por G. 80 millones, así como otros entes públicos como la Policía, Senavitat, Justicia y Trabajo, Ministerio de Defensa, Fondo Ganadero, además de municipalidades y gobernaciones, que todos juntos superan los G. 20.000 millones.

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