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YBY PYTÃ, Dpto. de Canindeyú (Pablo Medina, corresponsal). Tras la invasión de más de 100 campesinos del inmueble conocido como Marina Cue, cuyo dominio se atribuye la firma Campos Morombi SA, de los herederos del empresario Blas N. Riquelme, el fiscal Néstor Cañete no pudo aún constatar la construcción de precarios campamentos de parte de los presuntos sintierras, provenientes en su mayoría del distrito de Liberación (San Pedro).
Un grupo disidente de los familiares de las víctimas de la matanza se plegó al contingente mayor, que decidió invadir la propiedad en conflicto, ubicada en esta novel localidad.
Ayer, los ocupantes ilegales no permitieron el ingreso a periodistas de diversos medios, que tenían intenciones de graficar los tres focos de invasión.
Un grupo, encabezado por Miguel Paredes, Ramón Delvalle y Clotilde Flores, aseguró que quienes entraron se quedarán hasta que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) contra el fallo a favor de la familia Riquelme en el juicio de usucapión iniciado contra La Industrial Paraguaya.
En todo momento, los campesinos sostuvieron que las tierras de Marina Cue pertenecen al Estado y que como tal el gobierno de Cartes deberá entregar a familias de sintierras de la jurisdicción.
Aseguraron que es la tercera invasión después de la matanza registrada el 15 de junio del año 2012, en la que murieron 11 campesinos y 6 policías.
Temor de autoridades
A más de 48 horas de la invasión, el fiscal asignado a la causa, Néstor Cañete, se ha limitado a sostener que se debe analizar bien la situación para evitar situaciones que alteren el debido procedimiento.
El funcionario del Ministerio Público consideró la reacción de los presuntos invasores, quienes repelieron con disparos intimidatorios a los agentes policiales que pretendían constatar la invasión en el lugar. Los agentes policiales temen que la situación derive en un episodio violento, atendiendo la postura radicalizada de los campesinos.
El agente fiscal admitió que una vez que delineen el plan que corresponde a casos como este, ejecutarán las diligencias necesarias para llevarlo a cabo.
Ayer, el fiscal Cañete fue convocado por el fiscal general, Javier Díaz Verón, para abordar las estrategias a seguir en la causa.