Analizando el proyecto vetado, se busca garantizar el 100% de lo que generan los privados y la ANDE se vería obligada a comprar el 5 % de uso total (unos 600 GWh al año) y además, tienen prioridad de compra por encima de Itaipú y Yacyretá, señala.
“Pretenden además usar sin costos las líneas de distribución y transmisión y que la ANDE se haga cargo de eventuales servidumbres. Esto claramente afectaría las finanzas de la ANDE y le agregaría complicaciones en el despacho de las mismas”, indicó el profesional.
Otro tema adicional es que la ley propone que la ANDE transfiera a un fondo el 0,05% del precio de adquisición que debería descontarse de la compra de ANDE, es decir, la empresa estatal pagaría a 0,95 del precio que fije el generador obligatoriamente y además, la ANDE cedería 0,05 a un fondo especial, observó Encina.
“Las fuentes de generación de energías renovables instaladas en forma puntual y localizadas pueden colaborar en disminuir las pérdidas y atender zonas lejanas como Bahía Negra; pero, en ningún caso la ANDE debe subsidiar la instalación de las mismas ni estar obligada a comprar a un precio muy por encima de otras disponibles”, concluyó Encina.
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