Mientras en diversas localidades de nuestro país la población sufre de agudas carencias, las entidades binacionales continúan repartiendo discrecionalmente dinero público, bajo el rubro de “gastos sociales”. Es inadmisible que los directores de las entidades binacionales repartan esos valiosos recursos a su antojo, con el servil acuerdo de los respectivos consejeros, sin ninguna intervención del Congreso ni de la Contraloría General de la República. Actúan con total arbitrariedad, como si los cuantiosos fondos distribuidos fueran de origen privado o provinieran de organismos con los que el Estado paraguayo no tiene ninguna relación.
Entre agosto de 2013 y abril de 2019, Itaipú y Yacyretá distribuyeron una suma equivalente a ¡265 millones de dólares! en concepto de publicidad y de “gastos sociales”. Este último concepto no está previsto en los respectivos tratados y, de hecho, implica una retribución argentino-brasileña para garantizar la docilidad de las autoridades paraguayas. Los “gastos sociales”, a los que pretendieron darle un carácter legal, cobraron fuerza en 2003 bajo la Presidencia de Nicanor Duarte Frutos, precisamente actual director paraguayo de Yacyretá, pero el correspondiente instrumento diplomático no fue sometido a la consideración del Poder Legislativo. Estos recursos no están incluidos en la Ley del Presupuesto General ni se rigen por la N° 2051/03, de modo que también escapan al examen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Desde hace casi un año, duerme en la Cámara Baja un proyecto de ley de los diputados liberales Édgar Acosta, Julio Mineur y Pastor Vera Bejarano, que prevé incorporar al Presupuesto General “los recursos asignados por las entidades binacionales (...) a los gastos sociales”, para destinarlos solo a proyectos sanitarios y educativos. Por lo visto, en dicho cuerpo legislativo no existe mucho interés en transparentar esa notable fuente de corrupción, que con-
lleva la renuncia al interés nacional y la compra de adhesiones políticas. Tampoco parece convencer a la mayoría de los diputados ni siquiera la propuesta de invertir más en las precarias áreas de la educación y la salud públicas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En 2017, Itaipú entregó 2.664 millones de guaraníes a una cooperativa del personal de las Fuerzas Armadas para la compra de equipos de seguridad disuasivos que fortalezcan el Gabinete Militar de la Presidencia de la República. Acaba de revelarse que, el año pasado, la dirección paraguaya de Yacyretá entregó 906 millones de guaraníes ¡para la refacción de la Embajada argentina en Asunción y de la residencia del embajador! ¿No corresponden estos gastos al Gobierno del vecino país? Se trata de solo dos ejemplos de los múltiples despilfarros habituales en los que incurren ambas entidades binacionales y que implican la omisión de inversiones útiles, incluso en el sector hidroeléctrico. En tal sentido, valga el dato de que con los 265 millones de dólares destinados en los últimos seis años a publicidad y a “gastos sociales”, se hubiera podido construir la mitad de las cuatro nuevas líneas de 500 kV, como la que se extiende entre Ayolas y Villa Hayes, que el país necesita. Pero más allá de que los “gastos sociales” sean o no atinados, lo que se debe subrayar es su discrecionalidad, es decir, son asignados sin que intervengan el Ministerio de Hacienda ni el Congreso y ejecutados sin que la Contraloría los audite. En una palabra, no hay transparencia, con lo que la corrupción tiene un amplio campo para desplegarse. Es alentador, por eso, que los directores paraguayos y brasileños de Itaipú hayan pedido a las respectivas Cancillerías que promuevan que los organismos contralores de cada país auditen las cuentas de la entidad. Es de desear que exista una iniciativa similar con respecto a Yacyretá.
Conste que la Ley N° 5189/14 obliga a las entidades binacionales y privadas que administran fondos del Estado a difundir por internet “todas las informaciones de fuente pública relativas al organismo o a la entidad y a sus recursos administrativos y humanos”, ordenando a la vez a las organizaciones privadas que ejecuten fondos gubernamentales que den a conocer, entre otras cosas, el “detalle de la utilización de los recursos públicos administrados”. O sea que alguna transparencia se demanda también a las entidades privadas que gestionan el dinero de todos. La Ley N° 5282/14 incluye a las entidades binacionales entre las fuentes públicas de información y, por tanto, les exige poner a disposición del público los “convenios y contratos celebrados, fecha de celebración, objeto, monto total de la contratación, plazos de ejecución, mecanismos de control y rendición de cuentas y, en su caso, estudios de impacto ambiental y/o planes de gestión ambiental”. Desde luego, para el común de los ciudadanos no es fácil recabar tales informaciones, de modo que debe atenerse a que algún medio de prensa tome la iniciativa de solicitarlas.
La arbitrariedad en la distribución de los “gastos sociales” es ofensiva. Por ejemplo, el director y los consejeros paraguayos de Yacyretá resolvieron en 2014 cubrir con 380 millones de guaraníes los gastos de cirugía de un compatriota (?) en la provincia de Buenos Aires. Solo ellos habrán sabido el motivo de tal privilegio, del que no gozan los paraguayos residentes en el país o en otras partes del mundo.
Las entidades binacionales no son dos Estados independientes, que pueden hacer o dejar de hacer cuanto se les ocurra, sin que los signatarios de los respectivos tratados tengan nada que decir. Los paraguayos que están al frente de ellos no se someten a la Constitución, a la ley ni al sentido común, a la hora de disponer del dinero ajeno, ante la indiferencia de unos representantes del pueblo que renuncian a su deber y atribución de asignar los fondos públicos atendiendo el bien común. Los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar que se ponga fin a la manifiesta arbitrariedad de los “gastos sociales”, que discrimina entre las personas físicas y jurídicas según los caprichos de unos pocos que, para más, a nadie rinden cuentas.