Ignorando que la ley presupuestaria en vigor ordena que las entidades estatales sean expresamente autorizadas por el Ministerio de Hacienda antes de iniciar el proceso de compra de un Sistema Informático de Planeamiento de Recursos del Gobierno o de sus componentes de gestión financiera interna o similares, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) pretende malgastar en 2020 unos 32.000 millones de guaraníes en la compra de un software de gestión de recursos. En efecto, este podría resultar incompatible con el citado sistema en vigencia, destinado a unificar la información de todos los organismos del Estado. El contrato de compra fue suscrito a las apuradas en diciembre último, pero la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) dispuso que el procedimiento fuera retrotraído por irregularidades varias. La medida resultó inútil, pues el MSPyBS volvió a contratar a la misma empresa, Infocenter SA, representada por Lida Vera González, con el mismo objeto, de modo que se repitió la historia, que puede concluir en un grave daño al interés general.
El apresuramiento sugiere que aquí hubo mala fe, esto es, que se buscó evitar la autorización expresa de la cartera de Hacienda. El art. 72 de la Ley Nº 2051/03 prevé que la DNCP aplique una sanción administrativa a los “proveedores o contratistas que (…) actúen con dolo o mala fe en alguna etapa del procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia”. Es de lamentar que no se refiera al contratante –en este caso, el MSPyBS– que incurra en una de esas inconductas. No obstante, de acuerdo al art. 55, inc. c) de la misma ley, tiene derecho a “suspender o rescindir el contrato por razones de interés público”. El ministro Mazzoleni tiene el deber moral de ejercer este derecho, ante la posibilidad de que haya sido inducido por otros a suscribirlo, para eludir la autorización del Ministerio de Hacienda y, acaso, favorecer a cierta empresa.
En estas semanas dramáticas, en las que el país se está esforzando por precautelar la salud pública, transfiriendo fondos al MSPyBS mediante un proyecto de ley de emergencia remitido al Congreso, es preciso que desde allí se emitan señales claras de que ellos serán administrados con probidad y eficiencia. Suponiendo que haya actuado de buena fe, el ministro tiene que corregir el grave error cometido y desprenderse de quienes lo manipularon. Estará muy ocupado en estos tiempos tan difíciles, pero si le falta tiempo para ocuparse de cuestiones administrativas, debe tratar de rodearse de personas honestas e idóneas. Todo indica que recibirá considerables recursos adicionales, así que tendría que esmerarse en que no sirvan, en gran medida, para engordar a los corruptos. El propio MSPyBS debe emprender una urgente reprogramación presupuestaria, eliminando los gastos superfluos que, con toda seguridad, también abundan en ese organismo.
Nuestro aparato estatal no se distingue solo por el latrocinio y el derroche, sino también por su tremenda ineficiencia. El año pasado, el Ministerio que nos ocupa solo ejecutó el 46% de su Presupuesto de casi 5,5 billones de guaraníes (887 millones de dólares), lo que revela que el hecho de que reciba más dinero para enfrentar la actual crisis sanitaria no significa necesariamente que vaya a estar en mejores condiciones de lo habitual. Claro que no hay tiempo para encarar como se debe el serio problema de la inoperancia, aunque se disponga de fondos adicionales. Se tiene que arar con los bueyes disponibles, pero vale la pena insistir en que, al igual que en la educación pública, no todo es cuestión de dinero. Ni siquiera basta con dejar de robar y despilfarrar, pues también se requiere que los funcionarios sean capaces de lograr las metas institucionales y que no sean más numerosos que los estrictamente necesarios. La pandemia está demostrando, en todas partes, cuán importante es contar con un sistema sanitario que esté siempre en condiciones de responder incluso a desafíos imprevistos. Si el MSPyBS ni siquiera puede precautelar la sanidad en circunstancias normales, sería ingenuo esperar que ahora esté del todo a la altura de las exigencias.
El contrato antes referido implicó sabotear el Sistema Integrado de Administración de los Recursos del Estado (SIARE), que costó a los contribuyentes nada menos que unos 80.600 millones de guaraníes. Tal como están las cosas, lo que la cartera de Salud Pública se apresta aviesamente a adquirir, no será muy útil para que el conjunto de las entidades estatales se defienda del coronavirus de la mejor manera posible. Al sabotear el SIARE, el MSPyBS no hizo más que sabotear el sistema sanitario, evidenciando que allí el bien público y la coordinación están supeditados al interés personal de los burócratas. Es para tenerlo en cuenta y, cabe reiterar, atender la necesidad de aumentar la eficiencia de la administración pública, para lo cual habrá que luchar duro contra el clientelismo, que la llena de ineptos, haraganes y sinvergüenzas. Más que nunca, el MSPyBS debe cuidar cada centavo que el contribuyente pone en sus manos.