Oscuro manejo abre sospechas sobre grupo habitacional del MUVH

En noviembre de 2015, tras prolongadas negociaciones, la Senavitat, hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), adquirió por 40.000 millones de guaraníes un complejo habitacional inconcluso del IPS, en Mariano R. Alonso. En setiembre del año pasado, el consorcio Defensores del Chaco, integrado por Los Trigales y el Ing. Miguel Ángel Chaves, empezó allí obras de infraestructura a un costo de 68.235 millones de guaraníes. En julio de 2016 entró en vigor la Ley Nº 5638/16, de Fomento y Desarrollo Urbano, cuyo decreto reglamentario fue dictado recién en febrero de este año. Ahora se sabe que, en el marco de estas normativas, la firma Bieber Constructora edificará en el inmueble referido más de 20 torres con 3.026 departamentos, a un costo de 156 millones de dólares, que incluye un subsidio estatal de más de 11 millones de dólares. Aquí debe subrayarse la falta de transparencia, ya que se aceptó la propuesta de cierta empresa, en el marco de unas negociaciones secretas, sin que se sepa si alguna otra fue invitada para acercar su oferta.

En noviembre de 2015, tras prolongadas negociaciones, la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (Senavitat) –hoy Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH)– adquirió por 40.000 millones de guaraníes un complejo habitacional inconcluso del Instituto de Previsión Social (IPS), instalado en un predio de 17,8 ha. del municipio de Mariano Roque Alonso. En septiembre del año pasado, el Consorcio Defensores de Chaco, integrado por Los Trigales SA y el Ing. Miguel Ángel Chaves, empezó a realizar allí obras de infraestructura a un costo de más de 68.235 millones de guaraníes. En julio de 2016, había entrado en vigor la Ley Nº 5638/16, de Fomento y Desarrollo Urbano, cuyo decreto reglamentario fue dictado recién en febrero de este año.

Ahora se sabe que, en el marco de estas normativas, la firma Bieber Constructora edificará en el inmueble referido más de 20 torres con 3.026 departamentos en total. El emprendimiento supondrá una inversión de 156 millones de dólares, que incluye un subsidio estatal de más de 11 millones de dólares. Aún se ignora cuándo se iniciarán las obras y, sobre todo, los motivos por los que el MUVH decidió “aliarse” precisamente con dicha empresa, ya que las tratativas previas se efectuaron con total opacidad. Según su director general de Desarrollo Inmobiliario, Juan Carlos Moreno, se optó por esta “alianza público-privada” porque el Estado no tiene dinero para desarrollar el “clavo” vendido por el IPS. En realidad, le salió relativamente barato, pues en diciembre de 2014, el Consejo de Administración del IPS había pedido por el “clavo” 121.254 millones de guaraníes, de acuerdo a la tasación de una firma especializada, exigida por la Ley Nº 4777/12, que autorizó su venta. O sea que la entonces Senavitat terminó pagando tres veces menos, en perjuicio de los asegurados del instituto.

En un editorial de enero de 2015, sostuvimos que “nada habría que lamentar si fracasara una operación montada en contra del sentido común y de una justa política habitacional”, agregando que “si fuera reemplazada por un concurso público nacional e internacional, tanto los aproximadamente 450.000 aportantes del IPS como quienes no pueden pagar un techo entre 40.000 y 50.000 dólares, tendrían buenos motivos para alegrarse”. Es de lamentar que la operación no haya fracasado y que hoy prosiga bajo la figura del fideicomiso. Si la inversión resultara fallida, la ciudadanía tendría el consuelo de que el Estado recuperaría el subsidio, “porque tiene todas las garantías”, al decir del funcionario antes citado. Por lo demás, el mismo sería “ínfimo”, ya que equivaldría a solo el 12,5% de la inversión. En verdad, la participación del MUVH en este oscuro asunto será bastante mayor, pues ella debe incluir el valor real del predio referido. Pero más allá de las temibles eventualidades, aquí importa subrayar la falta de transparencia. Se aceptó la propuesta de cierta empresa, en el marco de unas negociaciones secretas, sin que se sepa si alguna otra fue invitada para acercar su oferta.

Como el Ministerio habla de una “alianza público-privada”, es de recordar que la Ley Nº 5102/13, sobre “promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, ordena que los participantes privados sean escogidos mediante procesos de licitación pública, sin perjuicio de que también se recurra a otros procedimientos competitivos, que no se opongan a los “principios de transparencia e igualdad”, entre otras cosas. Esa misma ley, que también rige los proyectos de mejoramiento, equipamiento y desarrollo urbano, dice que la convocatoria debe publicarse al menos una vez en un diario de circulación nacional y difundirse en el portal de Sistema de Información Nacional de Contrataciones Públicas. Nada de esto ocurrió en el sigiloso caso comentado.

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Es cierto que la invocada Ley Nº 5638/16 nada dice al respecto, pero también lo es que no autoriza al MUVH, ni expresa ni implícitamente, a elegir a dedo a un socio para realizar un emprendimiento bajo las condiciones pactadas, sin el marco legal apropiado. El ministro Dany Durand parece haber ignorado el principio de legalidad. Aceptó la propuesta de la firma Bieber Constructora sin compararla con ninguna otra y estuvo de acuerdo con que la participación estatal sea del 12,5%, ni más ni menos. Esto implica que habría actuado discrecionalmente, como si fuera dueño del MUVH, lo que induce a preguntarse qué opina al respecto la Contraloría General de la República. Cuando no hay transparencia en la gestión del dinero público, es natural temer que esté en marcha un negociado más, de los muchos que ya ha sufrido este país y los sigue sufriendo día a día. La experiencia enseña que, en este ámbito, la desconfianza no suele ser infundada. Si la operación en curso se ha venido realizando conforme a la ley y al buen sentido, precautelando el interés general, no había razón para ocultarla de la opinión pública. Por torpeza o mala fe, se ha generado una situación lamentable, que obliga a pedir explicaciones al mencionado ministro, que no descuella por su idoneidad en el cargo, y que últimamente también fue involucrado en un turbio episodio en uno de sus emprendimientos particulares.

Por último, ¿tiene algo que decir “el sector privado de la construcción, del desarrollo inmobiliario y de las asociaciones de la sociedad civil que se dediquen a la mejora de las condiciones de la vivienda y el hábitat”? El mismo integra el Sistema Nacional de la Vivienda, de acuerdo a la Ley Nº 5638/16, de modo que sería útil que emita su parecer sobre el llamativo procedimiento comentado, salvo que no quiera mover el avispero por alguna inconfesable razón.

Nuestro país ya está suficientemente golpeado con “fatos” de todo tipo, y lo sigue estando inclusive en un momento de crisis sanitaria y económica como ahora. Este oscuro asunto debe aclararse para evitar que sea un baldón más en el Gobierno de Mario Abdo Benítez, y para aclarar la participación de la empresa privada involucrada. Ya tenemos suficiente solo en estos días con los casos de Salud Pública, Dinac, Petropar, como para continuar rifando alegremente el dinero de los contribuyentes.

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