Desde el 9 de septiembre de 2020, día en que el exvicepresidente de la República Óscar Denis fue secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), su esposa Myriam, así como sus hijas Beatriz, Silvana y Lorena, –al igual que las familias de los demás secuestrados–, están sufriendo lo indecible, porque a la crueldad de la banda criminal se suma la ineficacia de la fuerza pública. Una y otra vez han reclamado al Gobierno, inútilmente, que se empeñe en lograr la liberación del conocido político de límpida trayectoria. Ahora, ya desesperadas, se dirigieron en una carta abierta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en la que describen la situación reinante y manifiestan lo que esperan, tanto de las autoridades como de la Oficina a cargo de la destinataria. Las remitentes no se ocuparon solo de la suerte de Óscar Denis, sino también de la de todas las otras víctimas de sus raptores, demostrando una nobleza digna de encomio y convirtiéndose en voceras de sus compatriotas alarmados ante la impotencia estatal.
Su análisis no puede ser más certero: “El Estado paraguayo ha fallado y sigue fallando en su obligación de evitar que sigan ocurriendo secuestros e inclusión de menores de edad en filas del EPP, quienes además de sembrar el terror en la zona, realizan extorsiones, amenazas de violencia, enlutan familias y mantienen en zozobra a toda la sociedad desde sus inicios en el año 2002...”. Agregan que, hasta la fecha, “han ocurrido más de 20 secuestros, lo que arroja un promedio de un secuestro por año y millones de dólares para el EPP”. En efecto, el fracaso es atribuible al propio Estado, ya que los seis Gobiernos que se han sucedido en las dos últimas décadas no han logrado acabar con el pequeño número de desalmados, que opera en un territorio no muy extenso, sin altas montañas ni selvas impenetrables.
El Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) –de la que hoy forma parte la llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC)– sigue siendo un verdadero fiasco, pese a los más de 70 millones de dólares insumidos y al asesoramiento de expertos colombianos: se nota que la banda criminal le está sacando mejor provecho al de las FARC, lo que debería llenar de vergüenza a nuestros uniformados. Tras señalar que los datos revelan que “la voluntad y acciones realizadas por el Estado han sido insuficientes”, la elocuente carta abierta insta a Michelle Bachelet a que le “recomiende enérgicamente” a nuestro Gobierno tomar las medidas necesarias, entre ellas la cooperación internacional, para “rescatar con vida a todas las personas secuestradas, incluyendo a las niñas y niños que están siendo incorporados a las filas del EPP”.
Si aquí hay una alusión al Acuerdo de Paz suscrito en 2016 por el Gobierno colombiano y las FARC, y dado que se menciona a los menores de edad reclutados por el EPP, cabe recordar el art. 4º del Protocolo Facultativo de la Convención de Derechos del Niño, Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, adoptado por las Naciones Unidas y aprobado por nuestro país. La norma prohíbe a los grupos armados no estatales reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años, obliga a los Estados Partes a impedir esas prácticas, y subraya que “la aplicación del presente artículo no afectará la situación jurídica de las partes en un conflicto armado”. Y bien, la situación jurídica del EPP, que atenta contra la vida, la libertad o los bienes de las personas, es la de una asociación terrorista, según la Ley Nº 4024/15. El Estado paraguayo no puede ni debe negociar la impunidad con esos delincuentes organizados, tal como no puede ni debe hacerlo con el Primer Comando da Capital o con el Comando Vermelho. A lo que está obligado es a emplear la fuerza, dentro de la ley, para derrotarlos cuanto antes. Es muy comprensible que los familiares de los raptados quieran tenerlos consigo a toda costa, pero está en juego el orden jurídico, que no debe capitular ante la violencia ilegítima.
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Como los anteriores, el Gobierno actual está signado por la corrupción y la ineficiencia, pero estas lacras no le eximen del deber de poner fin al calvario que siguen sufriendo Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Óscar Denis, junto con sus respectivos seres queridos. Es comprensible que la familia Denis reclame todas las medidas que sean posibles, ante el lamentable accionar de un Gobierno inútil, que acumula más fracasos que aciertos, y que es incapaz de derrotar a una minúscula banda de maleantes, que mantiene en zozobra el norte de la Región Oriental. Marito debe dejar de hacer el ridículo y, al menos por esta vez, actuar con la firmeza que exige el cargo, para terminar con el calvario de los secuestrados y sus familiares, y devolver la paz al país.