El Poder Ejecutivo y el Congreso deberían estar ocupándose de los grandes temas nacionales, de las reformas estructurales que necesita el país para eliminar los cuellos de botella de su desarrollo, apuntalar su crecimiento, aprovechar su potencial y expandir las oportunidades y la calidad de vida de los que deseen estudiar, trabajar y prosperar en esta bendita tierra. Sin embargo, dedican una enorme parte de su tiempo y de los recursos solventados por los contribuyentes a asuntos vinculados con intereses sectoriales que no hacen a los verdaderos problemas de las mayorías, con el fin de buscar congraciarse con grupos de presión que incumplen la ley y avasallan derechos de terceros sin consecuencias.
Claro ejemplo de ello es que todo el sistema institucional de la República está enfrascado en establecer precios del transporte terrestre de carga, que es una rama empresarial más, por el solo hecho de que tienen la capacidad extorsiva de bloquear impunemente el tránsito con sus costosos camiones de varias decenas de miles de dólares, mientras cualquier ciudadano común es multado o demorado por muchísimo menos. También en aprobar nuevos subsidios para “organizaciones campesinas” de dudosa representatividad, que solo quieren dinero y que se niegan sistemáticamente a rendir cuentas de los, literalmente, miles de millones de dólares que ya se llevaron y que nadie sabe a dónde fueron a parar. O en ceder a reclamos de funcionarios públicos, que son los que menos sufrieron durante la pandemia, incluyendo a docentes que se dicen preocupados por la educación, pero que se resisten a volver a las aulas y, pese a ello, se creen acreedores de un aumento salarial que está fuera de las posibilidades y de la realidad del país.
Antes de preocuparse por garantizar márgenes de ganancia a un sector empresarial en particular, como es el de los transportistas de carga o podría ser cualquier otro, habría que poner mucho más énfasis en todo lo contrario, en diseñar normas efectivas de libre competencia y asegurar su cumplimiento, para que haya esfuerzo, innovación, buena administración, buenos servicios para los consumidores. Cuánto ganen o cuánto dejen de ganar los transportistas no es un problema nacional ni está cerca de serlo, sino un problema de cada empresa, que tiene que buscar la manera de ser competitiva para hacerse merecedora de la preferencia de sus clientes.
Crear un “comité técnico” para calcular el costo del flete cada tres meses y así fijar precios mínimos del transporte de carga, tal como acaba de hacer el Ejecutivo por decreto, no solamente es improcedente y supone una tremenda pérdida de tiempo y recursos estatales, sino que es completamente inútil. Para lo único que va a servir es para que se repitan los mismos piquetes cada vez que este grupo quiera imponer sus condiciones.
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Actualmente ya existe una tabla de precios de referencia del transporte de carga. En épocas de cosecha, cuando hay más demanda, los precios suben hasta el 60 por ciento por encima de la misma. Lo que buscan los transportistas con el mal llamado paro “de camioneros” es que el Estado les garantice seguir cobrando altos precios en épocas de baja demanda, lo que nunca va a ocurrir hagan lo que hagan, porque siempre habrá otros dispuestos a ajustar sus tarifas al mercado, salvo que estén dispuestos a emplear técnicas mafiosas contra sus competidores, y probablemente ni aun así.
Al Estado no le concierne cuánto cobran los transportistas, sino que se ajusten a la ley y las normas, que paguen sus impuestos y, en todo caso, si debe intervenir en favor del estamento más vulnerable, que lo haga por los choferes y los trabajadores del transporte en general, no por sus patrones, velando porque no sean explotados, porque ganen lo que corresponde, porque tengan jornadas razonables, porque estén inscriptos en IPS, todo lo cual ocurre muy poco en este sector en el que reina la informalidad.
De la misma manera, el Ministerio de Agricultura y Ganadería debería desempeñar un liderazgo técnico en beneficio de los productores agropecuarios, sobre todo de los más pequeños, para ayudarles a incorporarse a cadenas rentables de valor y a incrementar su productividad, no ser la “caja” de líderes de organizaciones que se autonombran representantes de los campesinos y que cada tanto arrean a unos cuantos cientos para acampar en las bocacalles de Asunción y conseguir su objetivo, que nunca es otro que embolsarse más y más dinero ajeno sin ningún control ni evaluación de impacto y resultados.
En cuanto a los docentes, por supuesto la educación pública es un tema nacional de extraordinaria importancia, por lo que nos gustaría verlos movilizándose por volver a clases, por tratar de recuperar algo del tiempo perdido, sumamente preocupados por la estrepitosa caída del grado de aprendizaje de cientos de miles de niños y adolescentes, sobre todo los más pobres, pero a los gremios del sector, que se unen a las marchas sin importarles con quién con tal de hacer número, solo parece importarles un aumento salarial que a todas luces no corresponde en este momento. Es cierto que había un acuerdo para ajustarles hasta el 16% cada año toda vez que las recaudaciones subieran 10%, pero hay una pandemia de por medio, las finanzas públicas están en grave saldo rojo y es obvio que existen otras prioridades que nadie puede desconocer.
Tristemente, los políticos y los gobiernos de turno, en vez de aplicarse a crear condiciones apropiadas para que la sociedad funcione mejor, históricamente se han dejado marcar el rumbo por estos y otros grupos de presión, que consiguen su propósito de imponer el interés particular sobre el general simplemente porque gritan más fuerte. Y así nos va.