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Es comprensible que los asalariados de los contribuyentes deseen trabajar en circunstancias que les permitan cumplir con su misión de acuerdo a la ley y a su conciencia profesional, razón por la que resulta loable que el Dr. Carlos Martín Alfaro, médico forense, haya llamado la atención sobre las pésimas condiciones laborales reinantes desde hace años en el interior del país, en cuanto a la práctica de la medicina forense, dependiente del Ministerio Público.
Aparte de la injustificable desigualdad en la carga horaria de quienes allí la ejercen con respecto a quienes trabajan en Asunción y de que incluso deben trabajar ad honorem fuera de las horas remuneradas, el facultativo deploró que el Alto Paraná, que tiene más de 800.000 habitantes, no cuente con una morgue judicial, lo que obligaría a que las autopsias sean realizadas en la capital: las casi cinco horas que demandaría trasladar hasta allí a una víctima mortal influiría en el resultado de los exámenes, dificultando notablemente las pesquisas.
El hecho de que en todo el Paraguay haya una sola morgue judicial es un verdadero escándalo, que el Ministerio Público ha venido ignorando; tampoco el Ministerio del Interior, del que depende la Policía Nacional, ha creído necesario hasta hoy insistir en la necesidad de que exista más de una, incluso en estos tiempos en que los homicidios están en auge por obra del crimen organizado y del consumo de drogas ilícitas.
El Dr. Alfaro lamenta que los médicos forenses del interior del país no tengan guantes, tapabocas ni bisturíes. “Nada envían, no tenemos nada”, dijo, de lo que surgiría que no se valora la investigación científica y que se corre el riesgo de condenar a un inocente con base en una autopsia mal hecha por falta de equipos. Como se ve, la situación es grave.
Ante estas inquietantes declaraciones, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, emitió un comunicado en el que las tildó de “desatinadas” e incurrió en inexactitudes y omisiones. En efecto, acusó al facultativo de “denostar la labor de sus compañeros fiscales”, cuando lo único que hizo fue señalar las graves carencias de sus colegas no capitalinos en cuanto a equipos e instalaciones, lo que dificultaría las investigaciones.
En cuanto a los “compañeros”, afirmó que no deben seguir imputando solo con base en declaraciones testificales y “chismes”; no podrían apoyarse en autopsias bien hechas, pues en todo el país hay una sola morgue judicial y los médicos forenses carecen de ciertos elementos básicos. No se trató, por tanto, de un “denuesto”, esto es, de una injuria grave, sino de una verdad no desmentida en el comunicado, como tampoco la de que “si queremos justicia, se debe invertir en la investigación científica”. El comunicado termina sosteniendo que “alegar ‘falta de insumos’ para no cumplir el compromiso es una falacia irresponsable”, lo que significaría que a los médicos forenses nada les falta; el denunciante sería un vulgar mentiroso.
En cuanto a eso de que “ningún funcionario puede lanzar comunicados afectando a la institución”, el Dr. Emiliano Rolón debería saber que el Dr. Alfaro no lanzó ninguno, sino que habló ante la prensa expresando una justificada inquietud. Por cierto: la afectada en este grave asunto es, sobre todo, la Justicia, por culpa de la grave negligencia del Ministerio Público.