J. AUGUSTO SALDÍVAR (Higinio R. Ruiz Díaz, corresponsal). Los documentos incautados por el fiscal Luis Piñánez corresponden a gastos de los años 2015, 2016 y 2017. La orden de allanamiento fue firmada por el juez penal de la zona, Leonardo Ledezma.

El procedimiento se realizó en el marco de una denuncia presentada por cuatro concejales de este distrito por supuestos hechos de corrupción en la gestión del intendente Daniel Báez (PLRA). El fiscal Piñánez indicó que los papeles fueron llevados a su unidad de la fiscalía de delitos económicos, donde serán verificados.

Durante la diligencia fiscal manifestantes apostados frente a la sede comunal, funcionarios municipales y efectivos de la Policía Nacional protagonizaron incidentes, pero que no pasaron a mayores.

“Esto es un logro muy importante de la ciudadanía. El intendente debe rendir cuentas de su administración y debe aclarar dónde fueron a parar todos los recursos del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) y de royalties, porque obras importantes no tenemos”, expresó la concejala Perla López (PLRA).

Según las denuncias, existiría un faltante de más de G. 6.000 millones de la Municipalidad. Todos los antecedentes ya fueron derivados a la Contraloría General de la República y la Dirección de Contrataciones Públicas, indicó la edil.

Los manifestantes también piden la destitución de la directora de finanzas de la comuna, Wilma Bareiro, hija del exintendente y actual concejal Eusebio Bareiro (PLRA). Ambos fueron condenados a devolver más de G. 600 millones a la institución. Existen sospechas de que no cumplieron el fallo.

Es más, Wilma Bareiro se comprometió a transferir dos inmuebles a favor de la Municipalidad por valor de G. 58 millones. Al ser consultada dijo no recordar cuánto dinero ya devolvió y cuándo transfirió los terrenos.

El intendente Báez dijo estar seguro de que en su administración está todo en regla.